“Venezuela se va a convertir en la segunda reserva de oro más grande del mundo”. Las palabras son de Nicolás Maduro del pasado mes de noviembre cuando sumó otra promesa más a la kilométrica lista de incumplidos del régimen para intentar recuperar el bienestar económico del país. El «plan oro» se llamó inicialmente al desfalco de la nación ordenada por el Gobierno que daría ingresos de más de 5.000 millones de dólares anuales con la puesta en marcha de 54 plantas procesadoras de minerales”.

El Arco Minero del Orinoco es un gigantesco proyecto que abarca casi 12% del territorio venezolano. Tiene cerca de 7.000 toneladas de reservas. Es una fuente inagotable de riquezas para Nicolás Maduro y sus aliados para la explotación de oro, diamante, coltán, hierro, bauxita, entre otros minerales preciosos.

Un reportaje realizado por el diario español ABC recuerda que el proyecto tiene principalmente como inversionistas a empresas chinas, turcas y rusas. Este “plan oro” le daría al régimen de Maduro ingresos de más de 5.000 millones de dólares anuales.

Un empresario minero declaró que con la llegada de contratistas, en su mayoría de militares retirados o civiles relacionados con el alto gobierno, este plan comenzó a mancharse de corrupción e irregularidades. Añadió que la minería está llena de trampas y conflictos.

El modelo de negocio lo encarna un grupo de inversionistas privados asentados principalmente en el sector Nacupay de El Callao, donde fue creado el Complejo Industrial Aurífero Domingo Sifontes, que preside Eduardo Ribas, vinculado a la familia presidencial Maduro-Flores. Tiene una capacidad de producción 50 y 80 kilos de oro mensual.

Crimen ecológico

Los habitantes de Bolívar están completamente en contra de la minería. Desde la Asamblea Nacional se ha denunciado que en la región se perpetra un crimen ecológico además de la operación de mafias y grupos paramilitares.

A los empresarios, en alianza con el Estado, se les permite procesar lo que se conoce como material secundario, es decir, todas las arenas auríferas sobrantes acumuladas por décadas de los molinos legales o ilegales que ya han sido manipulados.

El control del Estado es mayor gracias a la Oficina de Fiscalización Minera, la cual emite una ruta de movilización para el traslado de las barras de oro desde las instalaciones de las empresas hasta el centro de acopio. Pero en el Complejo Domingo Sifontes nadie sabe en realidad cómo, para dónde y cuánto llega realmente a las arcas de la nación.

Los pueblos mineros

El Callao queda a 15 horas de Caracas. Allí comenzó la fiebre del oro en 1870. Hoy en día el pueblo está convulsionado con cerca 21.769 habitantes y cientos de negocios informales.

 

Con información de ABC




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