El abogado Alberto Borea, quien defendió al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en la petición de destitución que debatió el Congreso, rechazó hoy «firmemente» el indulto otorgado al exmandatario Alberto Fujimori.
«Al igual que todos ustedes, he sido sorprendido con el indulto a Alberto Fujimori. Desde siempre he luchado y continuaré luchando contra la dictadura y rechazo firmemente el indulto», señaló Borea en su cuenta en Facebook.
El prestigiado jurista, que también fue parlamentario, enfatizó que «durante años» combatió «enérgicamente el régimen de Alberto Fujimori» y el jueves pasado decidió defender a Kuczynski ante la petición de destitución presentada por un sector de la oposición con el objetivo de «defender una vez más la democracia».
Aceptó ejercer la defensa «frente al embate de una amenaza de copamiento de los poderes públicos por parte de una mayoría de pasado vergonzoso y de presente abusivo».
«Durante el poco tiempo que estuve preparando y ejerciendo esa defensa, jamás se habló del indulto y menos como parte de una estrategia política. Desde que se empezó a especular en prensa la posibilidad de un indulto manifesté de manera categórica mi total desacuerdo», concluyó.
Kuczynski indultó el domingo a Fujimori, tres días después de que una facción del fujimorismo evitara que fuera destituido por el Congreso, en una decisión que ya ha generado manifestaciones de protesta por un lado y celebraciones por otro.
Fujimori, de 79 años, presentó la solicitud de indulto y derecho de gracia el pasado 11 de diciembre, y una junta médica lo evaluó y determinó que padece de una «enfermedad progresiva, degenerativa e incurable», según la información oficial.
Agregó, asimismo, que las condiciones carcelarias implicaban un grave riesgo a su vida, salud e integridad.
El exmandatario permanece internado desde el viernes en una clínica de Lima por problemas de presión arterial y abandonara ese lugar cuando esté totalmente recuperado, según informó su hijo menor, el congresista Kenji Fujimori.
Fujimori (1990-2000) fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata (con dominio del hecho) de dos matanzas perpetradas en 1991 y 1992 por el grupo militar encubierto Colina, con un total de 25 muertos, y el secuestro agravado de un periodista y un empresario en 1992.
