El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de las masacres por las que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), anunció este miércoles que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) si se ordena la liberación del exmandatario.
«Hemos estado de alguna manera coordinando (este tema) ante la noticia de la resolución del Tribunal Constitucional», informó Rivera a EFE, luego de que se conociera un auto de aclaración del TC que abre esa posibilidad.
Este martes se reveló que el TC declaró improcedente una solicitud de aclaración del Ministerio de Justicia sobre el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, y remitió lo actuado al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en la ciudad sureña de Ica a favor del exgobernante.
Rivera precisó que el eventual pedido de pronunciamiento de la CorteIDH dependerá «de la decisión que tome el juez penal de Ica» y sostuvo que «desde la defensa de Fujimori se intenta interpretar bajo términos que no dice la resolución» del TC.
«Evidentemente, estamos ante una movida política que intenta sacar a Fujimori por la puerta falsa, no sobre la base de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha sido no solamente cuestionada sino que, en su momento, el propio Tribunal Constitucional decidió acatar la resolución de la Corte Interamericana que disponía que no podía liberar a Fujimori», dijo.
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Rivera consideró que el TC «ha emitido una resolución absolutamente ambigua» que «pareciera sugerirle al juez que haga algo que ellos mismos no quieren redactar y colocar».
«Vamos a ver si el día de hoy hay algún tipo de decisión en el juzgado de investigación preparatoria de Ica. Obviamente el camino que automáticamente tomaremos es solicitar a la Corte Interamericana un nuevo proceso de supervisión de cumplimiento», reiteró.
Anotó que, si se hace eso, «la Corte va a emitir una ratificación de lo que fue su decisión del año pasado», cuando ordenó suspender el cumplimiento del indulto, porque «no es un tribunal que se distancie de sus propias resoluciones».
«Además, acá estaríamos de nuevo ante un reiterado incumplimiento del Estado peruano sobre lo que ya el año pasado dijo que iba acatar», enfatizó.
Defensa del sistema internacional de justicia
El abogado recordó que «Perú es parte de un sistema internacional de justicia en derechos humanos» y sostuvo que «no se puede decir que una sentencia del TC puede traerse abajo una resolución y una sentencia, o varias sentencias, de la Corte Interamericana».
«Este sometimiento al sistema de justicia interamericana no es porque se nos haya ocurrido, porque sea una invención, lo hacemos porque el artículo 205 de la Constitución es el que habilita la posibilidad de que las personas acudamos al Sistema Interamericano, que por tanto, tiene un rango también constitucional», acotó.
Rivera dijo que, en ese sentido, «hay una posición absolutamente consolidada», porque «no hay ni una sola sentencia del Tribunal Constitucional que sostenga o argumente que se debe desconocer el derecho internacional o las sentencias de la Corte Interamericana».
El TC estableció en 2022 restablecer los efectos del indulto que otorgó Kuczynski a Fujimori, pero la ejecución de esa sentencia fue paralizada por una medida cautelar de la CorteIDH.
El indulto, otorgado el 24 de diciembre 2017, ya había sido anulado por el Poder Judicial en 2018, luego que la CorteIDH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión.
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