(Foto Archivo)
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El consultor jurídico de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), Jesús María Casal, aseveró que la Cámara no se niega a auditorías por parte de la Contraloría, pero afirmó que la medida de intervención de esta pretende efectuarse al margen de la ley.

El fundamento de la intervención, según la resolución correspondiente, es que no se ha celebrado concurso público para la designación del auditor interno de la Asamblea Nacional y ese supuesto no es causal para la intervención de una dirección de auditoría interna, destacó este jueves Casal a los medios desde la Contraloría.

Agregó que una intervención solo podría acordarse en el caso de que se haya realizado una evaluación sobre alguna auditoría y que en esta se hayan detectado graves irregularidades, cosa que, aseguró, no ha sucedido.

En caso de ausencia de realización del concurso público, no es la intervención, sino hacer el concurso público. Esa es la solución evidente, hacer el concurso público, y la Asamblea Nacional tiene toda la disposición de hacer el concurso público, dijo.

Casal acudió a este organismo con el diputado opositor Henry Ramos Allup para consignar un documento con información que ha requerido, luego de que la Contraloría General de Venezuela (CGV) interpusiera ayer una medida legal en contra de la Cámara y advirtiera de posibles sanciones.

La CGV acusa a la Asamblea de impedirle intervenir su servicio de auditoría interna, y advirtió que de este recurso surgirán sanciones que van desde multa hasta inhabilitaciones.

Ramos aseguró que en el oficio entregado está contenido absolutamente todo lo que se le debía responder al contralor.

También aseveró que “es falso de toda falsedad” que el Parlamento niegue información a la Contraloría y afirmó que la misma, sin seguir los pasos de ley a través de una intervención que no procede conforme, pretende ocupar la Asamblea Nacional y eso es inadmisible.

Explicó que en la única oportunidad en que la Contraloría le ha solicitado información a la Cámara, desde que está dominada por la oposición, hace aproximadamente seis meses, el contralor mandó a pedir los expedientes de 21 diputados de oposición, y estos le fueron entregados.

A juicio de Ramos, el Gobierno venezolano pretende, con todos estos expedientes, inhabilitar a los parlamentarios.

Como no lo pueden poner preso a uno, ver cómo lo inhabilitan, ¿y qué instrumento mejor que el Tribunal Supremo de Justicia que ellos controlan, como se sabe, y que la Contraloría?, dijo.

El contralor general de Venezuela, Manuel Galindo, indicó el miércoles que al hacer esta intervención al servicio de auditoría de la Cámara, está cumpliendo con un mandato de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que, de no llevarlo a cabo, entraría en desacato la misma Contraloría.

Con información de Efe.




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