Abogado General del Tribunal de Justicia Europeo respalda apelación de Venezuela contra sanciones
/ Foto: Cortesía (France24)

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) señaló este miércoles que el Tribunal General del bloque cometió un “error de derecho” al rechazar una apelación de Venezuela contra sanciones adoptadas por el Consejo Europeo, y sugirió el retorno del caso a esa corte.

La opinión del Abogado General, Gerard Hogan, se refiere a un fallo del Tribunal General de la UE de 2019, que desestimó una apelación presentada por Venezuela a las sanciones adoptadas por el Consejo Europeo dos años antes, por considerar que el país no podía considerarse una persona jurídica.

Para Hogan, los responsables venezolanos poseían legitimidad para presentar esa apelación y solicitar el cancelamiento de las medidas restrictivas, que estaban diseñadas para afectar a ese país.

En su opinión legal, Hogan propuso al TJUE “que declare que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el recurso sometido a su conocimiento resultaba inadmisible por carecer Venezuela de legitimación activa”.

Admisibilidad de la causa

También sugiere “que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la admisibilidad suscitadas en el recurso de anulación que interpuso Venezuela, así como sobre las cuestiones de fondo”.

Estas conclusiones de Hogan no resultan vinculantes para el TJUE, aunque en general las sentencias definitivas pronunciadas seguidamente siguen la dirección indicada por el Abogado General en su opinión legal.

En una nota de prensa, el TJUE añadió que los jueces “comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior”.

En noviembre de 2020 la UE extendió por un año la aplicación de las sanciones originalmente adoptadas en 2017 “a raíz de la continuada crisis política, económica, social y humanitaria”, medidas que Caracas considera “criminales”.

Las sanciones incluyen el embargo a la venta de armas y equipos de represión, así el como congelamiento de eventuales activos de 36 funcionarios a quienes la UE responsabiliza por violaciones a los derechos humanos o de “ataques a la democracia y el estado de derecho”.

Esos 36 funcionarios tienen también vetado el ingreso al territorio europeo.

© Agence France-Presse




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