Los abogados del Parlamento de la región de Cataluña rechazan que el independentista Carles Puigdemont pueda ser investido como presidente a distancia, ya que en la actualidad está en Bruselas, donde elude la acción de la Justicia española.
El debate parlamentario de investidura del jefe del Gobierno autonómico debe ser con participación directa y personal del candidato, según un informe difundido hoy por los letrados.
El Parlamento catalán resultante de las elecciones regionales del 21 de diciembre se abrirá el miércoles 17 de enero próximo y a finales de mes se producirá el debate para elegir un nuevo presidente.
Los comicios de diciembre fueron ganados por Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las tres fuerzas independentistas – JxCat, ERC y CUP – suman setenta escaños, por encima de la mayoría absoluta, que está fijada en 68.
Entre los secesionistas, Puigdemont es el cabeza de la lista más votada – JxCat – y desea la reelección, pero está en Bélgica junto a cuatro de sus antiguos consejeros del Gabinete, donde eluden la orden de detención del Tribunal Supremo español por promover un proceso independentista ilegal, que se basa en los delitos de rebelión y sedición, entre otros.
Ciudadanos y los socialistas (PSC) pidieron a los letrados del Parlamento un informe en el que los letrados explicitan que el «respeto a las reglas básicas de los procedimientos parlamentarios» hace «imprescindible» la asistencia de los protagonistas en el debate.
Los dirigentes de JxCat han planteado la hipótesis de que el debate de finales de mes sea por vídeoconferencia desde Bélgica o bien que un diputado sea el delegado de Puigdemont para leer su discurso con el que aspirar a la elección.
Lo asesores jurídicos de la Cámara catalana rechazan esas vías y subrayan que el debate debe ser «sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista», de acuerdo con la ley.
Puigdemont presidió el Gabinete regional desde enero de 2016 hasta el 27 de octubre pasado, cuando cesó por orden del Gobierno español tras la aprobación por el «Parlament» de una declaración unilateral de independencia ilegal.
