La Academia se reunió este jueves 25 de octubre para debatir si “¿Es sostenible el Arco Minero del Orinoco (AMO)?”. La respuesta de los especialistas que asistieron al foro es “no”.
Un no tajante de quienes conocen el impacto ambiental que tiene el AMO sobre los estados Bolívar y Amazonas. El primero un territorio azotado por la malaria y por los enfrentamientos entre bandas que se dedican a la minería ilegal.
El ingeniero agrónomo Pedro García Montero, considera que el Arco Minero, creado por el gobierno de Nicolás Maduro el 24 de febrero de 2016, “es un territorio que está abandonado por todos nosotros”.
Un territorio “sin gobernanza donde prácticamente hay un Estado de Excepción”. Lo llama el “Antro Minero del Orinoco”, algo que describe como “un ambiente verdaderamente hostil” en el que hay una especie de “ghetto”. Una “mexicanización del proceso” donde la violencia, la prostitución y toda clase de crímenes se encuentran.
El AMO posee unas siete millones de hectáreas, el gobierno venezolano manifestó que solo explorará el 5%, esto significa 560.000 hectáreas intervenidas
A juicio de García Montero el discurso oficial hace que “se sobredimensionen” unos recursos que no son la solución a la crisis que atraviesa Venezuela. En ese sentido, resalta que no está en contra de la minería, pero sí de lo que ocurre al sur de Venezuela algo que califica de “desastre”.
La zona donde ocurre esta extracción de minerales es un “ecosistema frágil” que no resiste la intervención humana, afirma el experto. Además, sostiene que la presencia de comunidades indígenas ya es una particularidad, a eso le suma que es un “tesoro de biodiversidad poco valorado”.
En el Arco Minero del Orinoco se concentran las mayores reservas hídricas y forestales del país
“No existe la minería sustentable. Minería y ecología son términos totalmente antagónicos. No hay actividad minera que no afecte el ambiente. Ese concepto de sustentabilidad se se usa alegremente”, dice García a sala llena en el Auditorio de Física de la Universidad Central de Venezuela.
Algunas de las amenazas que enumera el académico son: el alto potencial turístico se ve amenazado por la minería ilegal. No hay información para hacer estudios de impacto ambiental, no hubo consulta antes de hacer el proyecto.
Proliferan las bandas armadas (pranato minero), se afectan los recursos hídricos, disminución de fauna silvestre (se ven obligados a migrar por los impactos, las deforestaciones).
El también miembro del Grupo Orinoco señala que el agua en unos 20 años será uno de los recursos más afectados, debido a que los residuos de la minería ilegal van a parar al Delta del Orinoco. El río más extenso de Venezuela.
“En esos cráteres volver a reforestar es prácticamente imposible”, alerta el especialista, quien además hace énfasis en la “debilidad institucional” que hay en Venezuela, al considerar que existe una “incapacidad e indiferencia” gubernamental sobre el tema.
Otro de los problemas que señala el ingeniero es el enfrentamiento que existe entre grupos mineros y grupos étnicos que se oponen a la minería ilegal. “Los hechos hablan por si solos. El oro, el diamante y el coltán están saliendo por los caminos verdes. Esa minería no es rentable. Todo es para el bolsillo, la extracción y el contrabando”.
La minería y los derechos humanos
El licenciado en Biología y doctor en Ciencias Mención Ecología de la UCV Alejandro Álvarez Iragorry, explica que las industrias extractivas a escala global “están asociadas a violaciones graves de derechos humanos” y añade que la minería por su propia naturaleza “nunca es sostenible”.
A su criterio, el AMO tiene un costo muy alto para la sociedad venezolana que se traduce en “destrucción social, destrucción ambiental y destrucción cultural”.
Para Álvarez el decreto del Arco Minero crea “un Estado dentro del Estado”, por lo que exhortó a los asistentes a leerlo y puso énfasis en el último artículo, que según él “viola el derecho a los pueblos indígenas, el derecho al agua potable”, allí hace un paréntesis y subraya que “Venezuela tiene la crisis de agua más grave de los últimos 60 años”, sigue y concluye con que también “viola el derecho a un ambiente sano”.
Otra de las consideraciones que hizo el biólogo es que existe “un manto legal para maquillar la minería ilegal” y un intento fallido de crear una Zona Económica Especial al estilo chino“.
Según el experto, la deforestación es una de las causas comprobadas en la generación de enfermedades como la malaria. Además, alertó que hay mercurio producido en Venezuela afectando ríos en Colombia y en Trinidad y Tobago.
El mercurio que mata
“No existe información de cuántos mineros hay en Venezuela. El Estado lleva más de año y medio haciendo el censo. Sin embargo, se conoce extraoficialmente que habrían 150.000 mineros en el país, si el 30% se contaminó con mercurio, son 50.000 mineros afectados”, advierte el doctor en Ecología.
(Con información de Tal Cual)
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