La ONG venezolana Acceso a la Justicia expresó este viernes sus dudas sobre la capacidad que tendrá la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, aprobada a mediados de diciembre por el Parlamento oficialista venezolano.
La ONG afirmó, de acuerdo con un comunicado, que el texto luce como un intento de frenar la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en el caso venezolano, con la creación de una comisión que tiene la misión de ayudar al esclarecimiento de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país y proponer medidas para reparar a los posibles afectados.
«No obstante, una revisión del texto arroja dudas sobre la capacidad de la comisión de llevar a cabo su labor y hace temer que la misma no sea más que una simulación de justicia y un nuevo organismo burocrático», advirtió.
Acceso a la Justicia explicó que, de acuerdo con el artículo 10 de la ley, se establece que siete miembros de dicha comisión serán designados por las dos terceras partes del Parlamento y también pueden integrarla miembros de organizaciones no gubernamentales.
«Habrá que ver si esto sucede en realidad, porque por lo general, el Gobierno venezolano no trabaja con ONG reconocidas ni con defensores de derechos humanos independientes, y menos aún toma en cuenta sus recomendaciones», añadió.
Para la organización, otro motivo de duda sobre la «efectividad e independencia» de esta entidad es la «poca claridad» sobre sus funciones y naturaleza.
«La historia reciente del país demuestra que la aprobación de leyes y la creación de instancias gubernamentales no ha contribuido hasta ahora a solucionar la grave crisis de impunidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos que sufre el país. En cambio, la construcción de un sistema de justicia independiente sí podría lograrlo», subrayó la ONG.
El pasado 16 de diciembre, el Parlamento venezolano aprobó la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación a víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, con el objetivo de dar cumplimiento a la asistencia jurídica y humanitaria a quienes hayan sufrido violaciones de sus principios fundamentales.
Tras la aprobación en la sesión plenaria, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, celebró que esta ley haya sido aprobada y sancionada en la fecha en la que la Constitución venezolana cumplió 22 años.
El pasado 3 de noviembre, la Fiscalía de la CPI anunció la apertura formal de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
