(Foto EFE)
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La instalación y entrada en funciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) implicará para el país la imposición de una política de persecución contra la disidencia, la impunidad de los grupos armados afectos al gobierno y la corrupción y la paz obligada de quien detenta el poder, alertó Laura Louza, directora de la ONG, Acceso a la Justicia.

Louza explicó que la Constituyente buscará imponer su justicia socialista para darle estabilidad al régimen que está débil desde el punto de vista del apoyo popular y no tendrá límite de duración, pero sí tendrá poder absoluto y podrá disolver todos los poderes que existen, Fiscalía, gobernadores, alcaldes y no habrá condiciones para elecciones libres.

La abogada constitucionalista aclaró que si bien la ANC no puede meter presa a toda la población que le es adversa al Ejecutivo como quisiera, sí arreciará contra líderes que son ejemplares para determinados grupos para infundir miedo.

La ANC también cambiará la Constitución, cosa que no se puede hacer sin consultar al pueblo, así como no se le consultó a la gente si quería Constituyente o quienes serían los candidatos, porque desde el principio ya estaba decidido quienes manejaría el poder en la ANC, los mismos peces gordos de siempre: Cilia Flores, Diosdado Cabello, por nombrar sólo algunos, reprochó la abogada.

Negociación difícil pero necesaria

Con respecto a la presión de la comunidad internacional para que la ANC retroceda, Louza afirmó que los países democráticos de la mano del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y las Naciones Unidas, están haciendo un trabajo efectivo que finalmente debería obligar al Ejecutivo a negociar para salir de la crisis.

“Se están buscando puentes, pero no es fácil lograr una negociación y de momento un diálogo equilibrado no parece posible, pero debemos seguir con la protesta cívica y con la denuncia nacional e internacional”, subrayó.




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