Rafael Narváez
Foto: (Archivo)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, debe exigir la protección inmediata de todos aquellos venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar debido a la situación económica que atraviesa el país, advirtió el coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez

Esta instancia no puede quedarse solo en una exhortación, aseguró el activista. “Casi cuatro millones de compatriotas se encuentran desasistidos por el Estado venezolano de forma grosera y criminal”.

Para el jurista, la decisión personal que toma cada venezolano de salir del país es la consecuencia de una política de falta de alimentos, medicinas y oportunidades. “Vivimos una situación de hambruna y de alto costo de la vida que se hace insoportable, que obliga a millones a abandonar su patria de manera forzada, gracias a una política pública del Jefe del Estado venezolano”.

Narváez está convencido de que lo que está ocurriendo sólo puede ser definido como una crisis humanitaria, aunque el Estado venezolano lo desconozca. A su juicio, la muerte a diario de ciudadanos por hambre, desnutrición o en hospitales por falta de atención es la mejor demostración de que se trataría de un plan pensado y organizado por el gobierno con miras a, mantenerse en el poder con una población que no proteste ni reclame por sus derechos.

El defensor de los derechos humanos criticó un reciente anuncio orientado a que el Estado cobre impuesto sobre la renta a todos aquellos que se fueron del país. “Solo el planteamiento es una locura, un acto criminal, de indolencia y de falta de corazón, que  pretende seguir sometiendo a los emigrantes al contrapunteo político y el desgaste emocional. Estos venezolanos se fueron buscando una alternativa porque acá no hay oportunidades ni trabajo producto de un gobierno que no da soluciones al problema de la economía”.

“¿Acaso los bienes de quienes se fueron serán expropiados como forma de retaliación?, se preguntó Narváez. Y respondió: Es absurdo que un Estado que no cumple con su obligación de prestar los servicios fundamentales pretenda cobrar impuestos a los que no están en Venezuela.

La Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles inició un movimiento de defensa de los desplazados por el Estado. Para ello activó el correo defensaporlosderechosciviles@hotmail.com y el número de teléfono 0414-2621497. “Exigiremos también a los países latinoamericanos receptores para que sean atendidos los venezolanos con un carácter de un derecho humano fundamental y se aplique el Protocolo de Cartagena a quienes crucen nuestras fronteras para que reciban un trato humanitario”.

Rodríguez Torres: detención arbitraria

Rafael Narváez señaló que la detención arbitraria del ex ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres se corresponde con una “purga continuada” en contra de aquellos que hoy dicen no estar con el chavismo, adelantada por el fiscal provisorio Tarek William Saab. “Se trata de un problema interno entre el Psuv y los que se fueron. Me gustaría que el fiscal acumule a este caso los expedientes que el mismo congeló cuando fue Defensor del Pueblo en 2014, mientras Rodríguez Torres convalidaba la violación sistemática en materia de Derechos Humanos”.

Lo que Narváez recuerda del general Rodríguez Torres es que como ministro fue una figura implacable contra los Derechos Humanos. “Fue el fundador de La Tumba, donde estuvieron encarcelados venezolanos víctimas de detenciones arbitrarias. También permitió en 2014 la violencia por parte de funcionarios del Destacamento 47 en Barquisimeto y fue quien levantó los campamentos de La Sadel, Altamira y Santa Fe de forma arbitraria, algo que denunciamos en su momento en la Fiscalía y que la ciudadana Luisa Ortega Díaz engavetó”.




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