La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) anunció hoy que llevará a cabo un»ejercicio de verificación biométrica masiva de todos los refugiados en Uganda tras las informaciones que aseguran que miembros del Gobierno habrían inflado su número para abusar de los fondos internacionales.
La institución, con apoyo del Ejecutivo ugandés, ha desplegado a 400 personas que se encargarán del registro de los refugiados, algo clave para ayudar al Gobierno a solucionar las discrepancias en los datos de refugiados, indicó el ayudante del alto comisionado de Acnur para Operaciones, George Okoth-Obbo, en un comunicado.
«Nos estamos tomando extremadamente en serio los últimos acontecimientos en Uganda. El programa de refugiados en este país es de vital importancia dado el tamaño de la emergencia y el papel ejemplar de Uganda, recibiendo a tanta gente que buscaba protección internacional», agregó.
Acnur espera completar los trabajos hacia septiembre de este mismo año.
Los registros biométricos, que han sido implantados por Acnur en 48 países en los que se ha registrado a unos 4,4 millones de refugiados, se instalarán también en los puntos de distribución de alimentos de esta nación del África oriental.
«En Acnur tenemos tolerancia cero a la mala praxis, a los abusos y a la explotación. Cada informe y acusación están siendo meticulosamente evaluados. Necesitamos una respuesta fuerte y colectiva que refuerce el programa para los refugiados en Uganda, y tenemos que aprender lecciones de la situación actual», aseveró Okoth-Obbo.
«Quiero ser muy claro: las acusaciones no afectan a Acnur. Nuestras investigaciones tienen como objetivo apoyar a las recientemente puestas en marcha por el primer ministro ugandés para luchar contra la corrupción y la grave mala praxis de sus funcionarios», sentenció.
El representante de Acnur en Uganda, Bornwell Kantande, será asignado a un nuevo destino y sustituido por alguien más experimentado, se indica en el comunicado, que, sin embargo, reproduce el total apoyo y confianza del alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, hacia su labor.
A principios de mes, el diario local Daily Monitor desveló que el Gobierno había abierto una investigación por un posible fraude de cientos de millones de dólares de los fondos internacionales para los refugiados procedentes, entre otros donantes, de Naciones Unidas.
La representante de la ONU en el país, Rosa Malango, alertó al Ejecutivo de que se podría haber inflado el número de refugiados, que se estaría abusando de los fondos internacionales y que trabajadores gubernamentales podrían estar traficando con niñas y mujeres refugiadas.
Entre las acusaciones también destacaban la falsificación de documentos de entrega de comida y el pago de sobornos por parte de los refugiados para acceder a servicios que debían ser gratuitos, según desveló Acnur en un comunicado anterior.
Tras la salida a la luz del posible fraude, el Gobierno suspendió a cuatro funcionarios, entre ellos al comisionado para refugiados, Apollo Kazungu.
Uganda acoge a más de 1,4 millones de refugiados procedentes de países cercanos en conflicto como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Burundi o Somalia.
