(Foto eldiario.e)

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) urgió este viernes a los gobiernos a considerar como refugiados a todo aquel que huye de un conflicto armado o de la violencia, ante la existencia de discrepancias entre países en cómo, cuándo y por qué conceden asilo a los desplazados.

En los últimos años el número de personas desplazadas ha alcanzado un nivel récord, con un total de 65,3 millones de individuos forzados a dejar sus casas, un tercio de los cuales son refugiados, según cifras de ACNUR.

Por ello, la organización humanitaria decidió emitir nuevas directrices dirigidas a las autoridades para eliminar inconsistencias en los programas de protección de los refugiados, dijo su portavoz, Adrian Edwards, en rueda de prensa.

Por ejemplo, ACNUR denunció que algunos países exigen a las personas que huyen de la guerra a probar que eran personalmente perseguidos para recibir asilo, negándose así a reconocer los derechos de todas las víctimas de la violencia.

Esta conducta contraviene las conclusiones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que, según la organización humanitaria ha sido «aplicada de forma inconsistente a lo largo de los años».

La idea de que un individuo tiene que ser señalado individualmente para ser considerado como un refugiado es un mito, dijo el alto comisionado adjunto para la Protección de ACNUR, Volker Türk, en un comunicado distribuido hoy en el que calificó de cruciales las directrices presentadas.

La mayoría de los conflictos ponen en peligro a los civiles por su afiliación política, por su clase social o por su identidad étnica o religiosa. No cabe duda que aquellos que huyen de los efectos devastadores de los conflictos armados son refugiados, agregó Türk.

En este sentido, ACNUR pide a los países que se comporten de forma consistente y armonizada hacia los refugiados, de forma que les proporcionen la protección internacional que se merecen.

Además de orientar a los gobiernos, las recomendaciones presentadas  también se dirigen a abogados, jueces y otros profesionales que intervienen en la determinación del estatus de refugiado.




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