Acoso escolar: proyecto legal ambiguo, redes sociales y exacerbación de la violencia
/ Foto: Cortesía (Tal Cual)

La actuación de las autoridades en torno a una serie de casos de acoso escolar ha resultado muy cuestionada, porque expone a los niños, niñas y adolescentes involucrados, y la regulación propuesta no se enfoca en las complejidades que implica el fenómeno.

Si bien la seguidilla de anuncios oficiales por parte del fiscal general, Tarek William Saab, y del Ministerio Público (MP) sobre varios casos ha puesto de nuevo en el foco un problema de larga data, hay voces que se manifiestan contra la forma en que se han generado, por cuanto contravienen la norma y exponen al escarnio público a los menores víctimas y victimarios.

Reseña la web de Tal Cual que el acoso escolar o bullying, o también popularmente conocido como “chalequeo”, forma parte de una dinámica muy desatendida y marcada por la violencia como forma de respuesta.

Propuesta ambigua

El gobierno chavista pretende legislar al respeto y ha presentado un Anteproyecto de Ley para prevenir el acoso escolar, a través de la Asamblea Nacional de 2020, pero para la ONG Cecodap, especializada en el tema de protección a la infancia, se trata de una propuesta normativa de carácter “ambiguo, impreciso y con vacíos legales”.

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de la organización, dijo que el pasado 28 de marzo, el vicepresidente de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, Rubén Limas, le solicitó observaciones al anteproyecto de ley. “Hicimos anotaciones sobre el objeto de la ley, el por qué y para qué. Vemos que la redacción está planteada de forma general y no va de la mano con las complejidades que encierra el fenómeno del acoso escolar”, explicó Trapani.

Además de la Ley, la preocupación de distintas organizaciones apunta a la manera en la cual inicialmente procedió el titular de la Fiscalía: la exposición a través de redes sociales con nombres y apellidos de menores de edad presuntamente involucrados. Un caso en Guayana, otro en Zulia y otro en Distrito Capital en menos de una semana.

A través de videos, Saab denunció los casos ocurridos en los colegios Loyola Gumilla en Puerto Ordaz; el Teresiano de El Paraíso, en Caracas; y en Los Angelitos, en Maracaibo, en los cuales se registraron hechos de violencia y acoso contra estudiantes de estas instituciones por parte de otros compañeros.

Atacar un problema con atropellos

Arturo Peraza, rector del Colegio Loyola Gumilla, explicó que “lo que hizo el Fiscal es un atropello porque saca de ámbito un proceso educativo y lo coloca en el área de la criminalización. Desde el principio expone a menores, lo que supone una violación del artículo 65 de la Lopnna porque los somete al escarnio público. Reincide en su conducta cuando pone el nombre y apellido de uno de los menores que aparece como imputado y, además de ello, la ubicación de ese menor, lo que es un agravante”.

Peraza expresó que esta acción revela que “para cuidar una situación de bullying, el mismo fiscal general de la República comete agresiones morales y verbales sobre los dos menores”.

Cecodap manifestó a través de un comunicado que la difusión de esta información, vía redes sociales, promueve que el involucrado se convierta en víctima, sea estigmatizado o se le juzgue a priori sin conocer realmente lo que sucedió.

En el video grabado por alumnos de la institución, se observa cómo un estudiante le da patadas a otro que está en el piso. Pero otra versión de testigos indica que quien aparece como presunto agresor es un joven que tiene una condición dentro del espectro autista e inicialmente era la víctima.

Imputaciones

Además, en el caso del Colegio Loyola Gumilla, el Ministerio Público pretendió imputar a Sara De Freitas, directora de la institución, y el tribunal asignado admitió contra ella la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales leves, en comisión de omisión.

Todos los casos tienen designadas fiscalías para el proceso. En el caso de Caracas, Tarek William Saab designó a la Fiscalía 117 de Sistema Penal de Responsabilidad de los adolescentes en el Área Metropolitana de Caracas. El 4 de mayo anunció que se designó a la Fiscalía 31° con competencia en Responsabilidad Penal Adolescente para sancionar a estudiantes del Colegio Los Angelitos, en Maracaibo, estado Zulia.

Esta sucesión de imputaciones ha generado, en docentes y personal educativo, una especie de temor por enfrentar posibles represalias en medio de situaciones que ni siquiera han sido investigadas previamente.

Una docente y psicopedagoga que laboró hasta 2019 en un colegio en El Paraíso, en Caracas, lamenta que se esté planteando normar sólo desde la sanción, criminalizando, sin considerar que la escuela ha estado muy abandonada en cuanto a herramientas necesarias para el manejo del problema.

“Hay que preguntarse ¿Cuántas escuelas tienen psicopedagogos o profesionales con capacidad para atender estos casos? En situaciones extremas los docentes no contamos con el apoyo ni la atención de los padres que son responsables directos de la situación. Antes de juzgar que la escuela no hace nada, pregunten cuántas veces se cita a los padres o representantes y ni siquiera acuden”, explicó.

Linchamiento digital

Discutir estos temas en medio de un debate hostil a través de redes sociales implica otro factor que complica el problema: en todos los casos se trata de niños y adolescentes. Según cifras del servicio de atención psicológica de Cecodap durante 2021, 25% de los jóvenes expresó haber sufrido de acoso escolar y en lo que va de año han atendido a 20 pacientes adolescentes, de los cuales 17 han sufrido o sufren de bullying.

Luisa Pernalete, educadora de Fe y Alegría dedicada al trabajo de Convivencia y Ciudadanía, explicó a que lo importante es que la ley no sea “meramente punitiva” y que se debe analizar el problema para identificar causas y poder prevenir.

“No se puede publicar una ley meramente punitiva, porque de puro castigo no se resolverá el problema. Por supuesto, hay que proteger a la víctima y amonestar al victimario, pero no puede ser solo castigar. Lo ideal sería trabajar en resolver pacíficamente el problema”, dijo Pernalete.

Con información de Tal Cual.




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