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Organizaciones de defensa de los DDHH protestaron cerca de la Fiscalía de Carabobo (Foto: Dayrí Blanco)

Moisés Cordero no olvida lo que pasó el 23 de febrero de 2019. Ese día perdió su ojo derecho al recibir un impacto de perdigón desde el arma de un uniformado de los cuerpos de seguridad de estado. La impunidad ha reinado en su caso y él, como victima de la represión pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que no permita que el gobierno se lave la cara.

El joven está convencido de que desde el Ejecutivo no quieren que se conozca la verdad del país. “A ellos no les conviene que el mundo vea que son unos monstros y que nada de lo que ha pasado se corresponde con un hecho aislado, sino a una política de persecución de la disidencia democrática».

Con su ojo derecho tapado, tras no poder realizarse la cirugía que amerita, Moisés estuvo acompañando a un grupo de jóvenes en las cercanías de la sede del Ministerio Púbico de Carabobo, para exigir que se permita a las víctimas de diferentes hechos represivos, exponer sus casos ante Khan.

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Moisés Cordero, joven víctima de la represión en Carabobo (Foto: Dayrí Blanco)

En su caso, aunque ha acudido a diferentes instancias, no ha tenido ninguna respuesta. A más de dos años de ese suceso, ni siquiera se han iniciado las investigaciones.

El director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, Gabriel Cabrera, fue tajante. “El Ministerio Público y el Estado pretende decirle a la CPI que están enjuiciando funcionarios, pero no solo se trata de eso, lo que pasa aquí es una política represiva que se convierte en graves violaciones de los derechos humanos”.

Para él, fue el Ejecutivo el que dio la orden de disparar contra quienes manifestaban, “El 2014 no se olvida, el 2017 tampoco. Seguiremos luchando por llevar a Nicolás Maduro a la CPI, no nos rendimos y seguimos en las calles”.

Su petición es clara: Que el fiscal de la CPI se reúna con las víctimas, pero no solo en caracas, sino en las regiones donde hay mucha impunidad.

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Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático (Foto: Dayrí Blanco)

Víctimas e indefensas

Barbarie y represión. Eso es lo que destaca en el informe de sobre las torturas presentado por la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en el que se señala que el 100 % de las personas privadas de libertad por motivos políticos, padecen de desaparición forzosa durante los primeros tres meses, sin que se les permite tener comunicación con sus abogados y familiares, “y eso es algo que está suscrito como un delito de lesa humanidad, en el artículo 7 de la CPI.

A esto se suma que, de cada 10 presos políticos, ocho son víctimas de torturas, y quienes ha salido en libertad tienen secuelas psicológicas, al 65% de los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en el país no les reciben denuncias y son amenazados por cuerpos de seguridad para que no inicien investigación.

Desde esta coalición han introducido más de 18 denuncias ante el Comité contra la Tortura en la Defensoría del pueblo y no han recibido respuesta. “Deben ser sancionados los funcionarios que comenten estos actos en contra de la ley y la dignidad humana, y también tienen el deber de indemnizar los daños causados, pero hasta el día de hoy no vemos la primera intención del Estado de investigar estos hechos”.




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