El examen preliminar abierto por la Corte Penal Internacional (CPI) debe ser una advertencia para que el gobierno de Venezuela cese en su política de represión sistemática y libere a los presos políticos, estimaron este viernes activistas venezolanos de derechos humanos.
«Es una advertencia al gobierno de Venezuela y los responsables de estos delitos para que cesen de inmediato en su ejecución, para que sean liberados de inmediato los presos políticos, para que cesen las torturas y la represión», indicó el abogado Juan Carlos Gutiérrez en rueda de prensa en Madrid.
«El radar de la CPI está fijado en Venezuela», advirtió Gutiérrez, defensor de Leopoldo López.
Tanto Gutiérrez como Tamara Sujú, activistas que han documentado presuntas violaciones de derechos humanos ante la CPI, dijeron sentir ahora esperanza de que se haga justicia.
Luego de años de denuncias de víctimas, oenegés y hasta parlamentarios latinoamericanos, la CPI, con sede en La Haya, anunció el jueves un examen preliminar por presuntos crímenes desde abril de 2017 en Venezuela.
Los delitos serían uso de fuerza excesiva contra manifestantes, detenciones masivas y maltratos, pero también uso de medios violentos por parte de personas que participaron en protestas.
Sujú indicó que los activistas buscarán demostrar ante la corte que la represión sistemática no es desde el 2017, sino desde el mismo 2013 cuando el presidente Maduro llegó al poder.
Y «lo más grave (…) es que no han cesado, estas torturas continúan hasta el día de hoy, porque hasta ayer he recibido testimonio de nuevos casos», señaló Sujú.
Ante la CPI, Sujú ha acreditado 357 casos de tortura de detenidos, que van desde desnudamientos, violaciones, golpes, descargas eléctricas y asfixias con gases lacrimógenos.
Aunque Caracas rechazó de manera categórica la apertura del examen preliminar de la corte, se mostró dispuesto a brindar plena contribución para que se diluciden los hechos, según un comunicado de su cancillería.
