Ambas rectoras son acusadas por los factores de oposición de fungir como servidoras del chavismo. (Foto: Archivo)
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La renovación de autoridades electorales se convirtió en el nuevo episodio de la lucha de poderes en Venezuela: mientras el Tribunal Supremo ratificó y juramentó el miércoles a dos rectoras, el Parlamento -de mayoría opositora- evalúa hacer su propia designación más tarde.

Las rectoras Socorro Hernández y Tania D’Amelio, cuyos mandatos vencían y a las que la oposición acusa de servir al chavismo, habían sido ratificadas en sus puestos por la máxima instancia de justicia horas después de que el Parlamento desobedeciera la prohibición del alto tribunal de reanudar el juicio sobre la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro en la grave crisis del país.

Tras un estudio minucioso, cuidadoso de las circunstancias (…) la sala decidió tomar la medida necesaria para suplir la omisión en la que había incurrido la Asamblea Nacional, que además está imposibilitada de designar a los rectores por estar en desacato, dijo la presidenta del tribunal, Gladys Gutiérrez, en el acto protocolar de juramentación.

A la par de este escenario la Asamblea Nacional mantenía su agenda del día, en la que figura la designación de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), un poder al que la oposición acusa de servir al chavismo y en el que sólo uno de sus cinco rectores es afín a ella.

La “rocambolesca”  situación constata la compleja crisis política desde que la oposición ganó las elecciones parlamentarias hace un año y tomó el control de la Asamblea Nacional.

Aunque la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tenía la esperanza de ejercer su contrapoder frente al gobierno de Nicolás Maduro, las acciones del Legislativo quedaron prácticamente en papel mojado después de que el Tribunal Supremo de Justicia lo considerara en desacato, poco después de tomar funciones en enero.

La juramentación de tres diputados del estado indígena de Amazonas, cuya elección fue suspendida por el Alto Tribunal por un supuesto fraude denunciado por el oficialismo, fue el motivo de esa declaración. Esos tres diputados completaban la poderosa mayoría calificada de 112 legisladores (dos terceras partes) opositores.

 

 




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