La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez. Se fundó con la compañía estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA) que, a partir de entonces, se reservó los derechos de exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en el país.

En el presente espacio se pretende conceptualizar o explicar -muy brevemente- lo referente a los antecedentes que dieron inicio a ese proceso socio-económico-político, muy significativo en la historia contemporánea venezolana y, la triste realidad actual.

Pues es importante que un país registre y proclame lo que es suyo, lo que le pertenece, para poder tomar el control de su propiedad. Este hecho ocurrió cuando Venezuela se propuso nacionalizar el petróleo, uno de los más grandes recursos naturales que influyó en los diferentes cambios que experimentó la nación.

El petróleo ha participado en la vida venezolana como elemento más dinámico, determinante y decisivo en la transformación política, económica y social del país.

Para la fecha, y antes que Venezuela, ya habían nacionalizado su petróleo países como México (1938), Indonesia (1965), Argelia (1971), Irak y Libia (1973). Arabia Saudita lo haría en 1979.

Ciertamente, el Ejecutivo Nacional de entonces incluyó en el artículo 5°, el siguiente contenido:

“En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios de asociación con entes privados, con una participación tal que garantice el control por parte del Estado y con una duración determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá la previa autorización de las Cámaras (*) en sesión conjunta, dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes.” -Este artículo en las últimas dos décadas ha sido violado en innumerables ocasiones-.  (*): se refiere a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del antiguo Congreso Nacional (ahora: Asamblea Nacional).

Para 1997, PDVSA era la segunda mayor empresa petrolera del mundo entero, sólo superada por Saudi Aramco de Arabia Saudita. Tan privilegiada posición era ratificada año tras año por Petroleum Inteligente Weekly, publicación de reconocido prestigio en el mundo petrolero. Lamentablemente, ya PDVSA no figura en el ranking.

PDVSA era además la mayor empresa de cualquier tipo que existía en Latinoamérica, valga decir, del Río Grande hacia abajo. Lamentablemente, también hemos perdido esa posición, la cual pasó a ser ocupada por Pemex, de México.

Año tras año, la revista Fortune 500, publicaba una lista de las quinientas mayores empresas del mundo entero, de cualquier tipo, y año tras año PDVSA aparecía alrededor del número cuarenta; es decir, que figurábamos dentro del 10% de las mayores empresas a nivel mundial. Lamentablemente, ya PDVSA no figura en pizarra.

En relación con la crítica situación -incomprensible- del país y de PDVSA, el Centro de Orientación de Energía (“COENER”) denuncia que la entrega de refinerías de Paraguaná es para pagar deudas con Rusia y China

El COENER emitió un comunicado en el cual denuncia que el sistema de refinación en Venezuela se encuentra en una situación crítica porque opera a 38% de su capacidad, existe un contrabando de combustibles por encima de 100.000 barriles de combustibles diariariamente y la intención del actual régimen está en honrar las deudas con China y Rusia entregando en concesión la operación de las refinerías de Amuay y Cardón a las empresas Rosneft (rusa) y CNPC (china), respectivamente.

“En los actuales momentos, está planteada la entrega de las operaciones del Complejo Refinador de Paraguaná a las compañías Rosneft y CNPC, que las tomarían para asegurarse la recuperación de -al menos- parte de las cuantiosas deudas adquiridas por el régimen con Rosneft y el Banco de Desarrollo de China”, indica el texto del COENER.

A continuación el texto completo del comunicado de COENER:

“¿Qué está pasando con las refinerías venezolanas?

Un eslabón más en la cadena de destrucción de valor en todas las actividades económicas que han llevado al país a un nivel de pobreza nunca conocido.

Cuando este Régimen Socialista le cambió la razón de ser a PDVSA y le impuso orientar su actividad hacia objetivos predominantemente sociales y políticos, la estatal petrolera descuidó su atención de los procesos medulares propios del negocio petrolero: exploración, producción, refinación, comercialización, distribución y mercadeo interno. Adicionalmente, el estado, para apalancar esa nueva orientación de PDVSA, se fijó como objetivo desprofesionalizarla y militarizarla, para lo cual provocó el despido de más de 20 mil trabajadores, con un conocimiento del negocio avalado por 15 años de experiencia promedio por trabajador. De esta manera, el difunto Presidente logró manejar los ingresos petroleros de manera discrecional, violando toda la normativa legal vigente.

La industria de la refinación es un eslabón esencial en la cadena de valor de la industria petrolera por cuanto el petróleo crudo debe transformarse en las refinerías para poder ser utilizado en el sector transporte (automóviles, camiones, trenes, aviones, barcos, etc.) y en el sector industrial (generación de electricidad y factorías). Durante los últimos 15 años, han prevalecido en PDVSA la abierta actividad política y la corrupción sobre los valores corporativos y principios éticos y profesionales que orientaron las actividades de la industria petrolera hasta el año 2002. Esta situación ha quedado claramente evidenciada en las refinerías, que se han vuelto inoperantes, generando enormes pérdidas para la nación. El caso particular de PDVSA es inédito: se convirtió un negocio de refinación de clase mundial altamente confiable, eficiente, productivo, generador de divisas y seguro suplidor de hidrocarburos tanto al mercado doméstico como al internacional, en un negocio de baja confiabilidad, ineficiente, con severos índices de accidentalidad y generando perjuicios para la nación.

Como antecedentes vale la pena destacar que PDVSA y sus filiales hasta el año 2002, desarrollaron planes de inversión para actualizar y modernizar sus refinerías nacionales hasta alcanzar una capacidad para refinar más de 1.300.000 barriles de petróleo por día en el país, asegurar el suministro y calidad de los hidrocarburos al mercado local y manufacturar productos cumpliendo las exigencias de calidad de los mercados internacionales, fuente importante de generación de divisas y palanca del desarrollo de la nación. Igualmente, se ejecutó un plan estratégico de adquisición de refinerías en el exterior, que le permitió a PDVSA colocar sus crudos pesados y transformarlos en productos de alta calidad para los mercados internacionales, agregando valor al crudo, mejorando su presencia, imagen y prestigio en el exterior.

Actualmente, puede concluirse que todo este esfuerzo se ha ido al traste. A pesar de los ingentes ingresos recibidos por el país como consecuencia de los altos precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales, desde finales de la década pasada, no se ha venido cumpliendo con los mantenimientos periódicos que las refinerías nacionales demandan, lo que se traduce en un incremento exponencial de la duración de las paradas de plantas, paradas intempestivas, frecuentes accidentes incluso con pérdidas de vidas humanas, derrames y fugas. A este desolador panorama, hay que agregar el hecho de no haber contado con el necesario y oportuno suministro de crudos a las refinerías en los volúmenes y la calidad requeridos, todo lo anterior con un impacto enorme en los ingresos de PDVSA y en perjuicio de los accionistas, que somos los ciudadanos.

Como evidencia de esta desastrosa situación en el funcionamiento de las refinerías del Circuito Refinador Nacional puede destacarse que en agosto de 2017 el procesamiento fue de 490.000 barriles diarios para una capacidad nominal de 1.300.000 barriles diarios, lo que representa apenas un 38% de utilización de los equipos.

Todo lo anterior, aunado al contrabando de extracción de unos 100 mil barriles diarios de gasolinas y diésel por los caminos verdes, ríos y alta mar de las zonas fronterizas (como ha sido denunciado y demostrado en videos difundidos por las redes sociales) , se ha traducido en un déficit de combustibles para el mercado doméstico, especialmente las gasolinas para los vehículos y el transporte de personas y cargas; y en segundo lugar, el gasoil requerido principalmente por las plantas termoeléctricas que suplen las deficiencias de la generación hidroeléctrica.

Consecuentemente, PDVSA se ha visto obligada a importar grandes volúmenes de gasolinas y gasoil, especialmente desde la Costa del Golfo en Estados Unidos, mientras que se exportan productos de baja calidad por la deficiente operación de las refinerías nacionales, con el negativo impacto social por la disminución del ingreso de divisas.

A partir del año 2006, el régimen dio instrucciones a PDVSA de vender los activos de los venezolanos de refinación en EE.UU y Europa con la cual se perdieron unos 540 mil barriles diarios de capacidad de refinación de crudos, con la consecuente pérdida de ingresos derivados del procesamiento de estos crudos, pérdida de presencia de PDVSA en los mercados internacionales, reducción del apalancamiento financiero por la disminución de los Activos en Libros y lo que es peor, que el producto de la venta de estos activos no se tradujo en beneficio alguno para los venezolanos ni para PDVSA

Ante el hecho cierto de que PDVSA no genera suficientes ingresos para honrar sus propios compromisos, entre ellos los geopolíticos que le ha obligado asumir el estado y el aporte a las reservas internacionales, en los actuales momentos está planteado la entrega de las operaciones del Circuito Refinador de Paraguaná a la compañía rusa ROSNEFT (Refinería Amuay) y a la compañía china CNPC (Refinería Cardón), que las tomarían para asegurarse la recuperación de al menos parte de las cuantiosas deudas adquiridas por el régimen con Rosneft y el Banco de Desarrollo de China.

Ante la ausencia de información oficial, que no ha permitido conocer los términos y condiciones de los acuerdos y negociaciones, les surgen a los venezolanos interrogantes entre ellas:

¿Cómo se suministrará los crudos a procesar en las refinerías? ¿Desde dónde? ¿A qué precios?

¿Quién controlará los costos y gastos de inversión y hacia qué proyectos irían?

El personal actual venezolano, ¿se mantiene en nómina?

¿Quién hará el control de costos y calidad de materiales y equipos?

¿Qué estándares de ingeniería y proyectos se utilizarán?

¿Quién opera, mantiene y prestará los servicios técnicos?

¿Cómo se manejará el suministro al mercado interno, distribución y precios?

¿Cómo se distribuyen las ganancias/ingresos?

No se debe permitir este vil atentado contra la empresa petrolera nacional, propiedad de todos los venezolanos, por un régimen que se ha caracterizado por violar toda la normativa legal vigente. Debemos exigirle a la Junta Directiva de PDVSA y al Ministerio de adscripción rendición de cuentas por la responsabilidad administrativa y penal que tienen al haber permitido este desastre al cual ha llegado nuestra principal industria atentando contra la calidad de vida de todos los venezolanos y muy especialmente de la población más necesitada.

La Junta Directiva del Centro de Orientación en Energía (COENER)

Caracas, 3 de noviembre de 2017”

Por toda la realidad expresada en los párrafos anteriores, FORBES la acreditada revista especializada en el mundo de los negocios, afirmó en su informe de 2016 que:

“ PDVSA, la peor empresa petrolera del mundo”




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.