Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones internacionales exigieron este jueves al Gobierno de Venezuela «cesar inmediatamente los ataques contra la libertad de expresión e información», después de que varios medios fueran víctimas de «hostigamientos y operativos» policiales y de fiscalización.
Para AI, «estos ataques pueden ser parte de una campaña más amplia contra la sociedad civil en Venezuela, en la que las autoridades atentan contra la labor de defensa de derechos humanos que realizan estos grupos».
«Las recientes campañas de estigmatización, hostigamientos y operativos contra medios de comunicación en Venezuela constituyen una arremetida contra la libertad de expresión e información y atentan contra la importante contribución que estos medios realizan para dar visibilidad a las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades», señaló AI en un comunicado.
El pasado viernes, fue desmantelada la sede del canal de televisión digital VPITV en Caracas, durante un operativo conjunto entre la entidad reguladora de telecomunicaciones Conatel y la de recaudación de impuestos, Seniat.
El sitio web Efecto Cocuyo, la cadena de radios comunitarias Fe y Alegría, VPITV, el diario Panorama y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre otros, «se convirtieron en el blanco de campañas estigmatizantes por parte de las autoridades que responden a Nicolás Maduro».
«Estos patrones de hostigamiento se pueden traducir en ataques graves contra la integridad, libertad y garantías judiciales de defensores de derechos humanos y periodistas», precisó el comunicado de AI.
Según la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en Venezuela «los periodistas y los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno siguen siendo objeto de intimidación y difamación pública» y existen «restricciones a la libertad de expresión» que incluyen la «aplicación de la legislación en contra del odio».
La nota difundida por AI y suscrita, además, por la Comisión Internacional de Juristas, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), recuerda que «las autoridades tienen la responsabilidad de prevenir estos hostigamientos y ataques, y abstenerse de alentarlos o realizarlos».
Según la organización venezolana de derechos humanos Provea, durante los primeros ocho meses del estado de alarma declarado por la pandemia, fueron detenidos 66 periodistas y trabajadores de medios de comunicación en el país.
 y otras organizaciones internacionales exigieron este jueves al Gobierno de Venezuela «cesar inmediatamente los ataques contra la libertad de expresión e información», después de que varios medios fueran víctimas de «hostigamientos y operativos» policiales y de fiscalización.){kind=link}