Manifestantes se enfrentan a policías durante una protesta en la que piden mejoras salariales. Foto EFE

Amnistía Internacional (AI) instó este lunes a la Organización de Estados Americanos (OEA) a abordar la creciente represión en el continente americano durante la próxima Asamblea General del organismo, que se celebrará entre el miércoles y el viernes de esta semana.

Amnistía Internacional publicó este lunes una carta abierta que está dirigida a todos los cancilleres y líderes políticos que se darán cita durante la Asamblea General, que tendrá lugar en la sede de la organización en Washington.

En esa carta abierta, Amnistía Internacional pide a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro, que presten atención al «cierre» del espacio cívico en la región con un número creciente de ciudadanos que enfrentan represión cuando expresan sus opiniones.

En un comunicado, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, consideró que «la región no puede seguir por el camino de la represión de las protestas, la militarización de las fronteras y la seguridad ciudadana, la destrucción del medio ambiente y la desprotección de comunidades históricamente marginalizadas, como los Pueblos Indígenas, y las personas defensoras de derechos humanos».

«Las y los jefes del Estado de las Américas tienen que cambiar el rumbo y buscar soluciones para crear un continente más libre y seguro, con pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas», subrayó.

Entre las preocupaciones de Amnistía Internacional sobresale el uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas sociales, especialmente en Perú.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en demanda de la renuncia de la presidenta peruana, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.

Según diversas fuentes, las protestas dejaron un saldo de 77 personas fallecidas y más de 1.000 heridas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en su último informe la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Perú.




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