Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que el Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo, «debe asegurar el uso proporcional de la fuerza» en las protestas sociales que se presentan en el país «y evitar violaciones de derechos humanos».
Pedimos al presidente Castillo que garantice el estricto apego de las fuerzas del orden a la ley y al derecho internacional en todas las regiones del país, de manera tal de evitar más pérdidas de vidas humanas, daños a la integridad física de las personas y la posible escalada de esta crisis, remarcó AI, en un comunicado.
La organización internacional recordó que, tras el aumento en los precios de alimentos, combustibles y fertilizantes, «sectores sociales vinculados al transporte y la agricultura organizaron, desde el pasado 28 de marzo, manifestaciones en varias regiones» de Perú.
Uso proporcional de la fuerza en protestas
En muchos casos, tales manifestaciones consistieron en bloqueos carreteros», indicó antes de mencionar que el pasado martes el Gobierno «suspendió algunos derechos constitucionales en Lima y Callao, lo que llevó a que se organizaran nuevas manifestaciones, que desencadenaron en saqueos y actos de violencia.
Al respecto, AI alertó «sobre el posible uso innecesario o desproporcionado de la fuerza que los funcionarios del orden pudieran hacer en contra de manifestantes en un contexto de máxima tensión».
Amnistía Internacional ya ha documentado en el pasado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Perú, dijo su directora para las Américas, Erika Guevara.
Remarcó que las informaciones de los medios de comunicación indican que «al menos dos personas habrían fallecido por el disparo de proyectiles de armas de fuego» durante las manifestaciones, que otras cuatro «habrían muerto en circunstancias no aclaradas aún, y decenas más habrían resultado heridas».
Uso desproporcionado de la fuerza
Los reportes oficiales, añadió, señalan que al menos 18 personas han sido detenidas en Lima y que decenas de agentes policiales han resultado heridos y varios edificios estatales han sido dañados.
Sin embargo, las cifras oficiales actualizadas sobre el número de personas muertas, heridas y detenidas durante las protestas es poco clara, sostuvo antes de decir que organizaciones de derechos humanos han denunciado el «uso desproporcionado de la fuerza» por parte de la Policía Nacional.
Por ese motivo, exigió al Estado peruano «que se realicen investigaciones exhaustivas, inmediatas e imparciales de las denuncias de violaciones de derechos humanos que podrían haber cometido las fuerzas de seguridad, incluidas las muertes por disparos de proyectiles en el contexto de las protestas».
«El uso de armas de fuego para dispersar manifestaciones es en todo caso ilegal, y solo puede hacerse uso de las mismas en caso de que la vida del oficial de que se trate o de un tercero estén en un grave riesgo inminente», dijo Guevara.
Amnistía también alertó que el Gobierno publicó este jueves un decreto que declara el estado de emergencia en la Red Vial Nacional, lo que implicó la restricción de derechos a la libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personales por 30 días, y otorgó a las Fuerzas Armadas el control del orden interno, junto con la Policía Nacional.
Los intentos por desbloquear carreteras no pueden ser una excusa para el uso excesivo de la fuerza. Nuestra región tiene demasiados ejemplos nefastos en este sentido, incluyendo con la intervención de las Fuerzas Armadas que no fueron han sido creadas ni entrenadas para el control de manifestaciones, indicó Guevara.
Perú afronta desde la semana pasada el recrudecimiento de la crisis social y política, con protestas y manifestaciones en diferentes regiones, que exigen mejoras en la situación económica y piden la renuncia del presidente Castillo.
 dijo que el Gobierno de Pedro Castillo, debe asegurar el uso proporcional de la fuerza en las protestas sociales.){kind=link}