Para Carolina Girón, directora de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se trata de una situación alarmante. En lo que va de 2020 han fallecido al menos 314 presos bajo la custodia del Estado venezolano en centros penitenciarios y calabozos policiales, una cifra que supera la registrada en los 12 meses del año pasado.
Del total de privados de libertad fallecidos entre enero y septiembre de este año, 218 estaban recluidos en cárceles y 96 en calabozos de prisión preventiva, que a juicio de Girón han sido convertidos en lugares de reclusión de larga permanencia, a pesar de no haber sido diseñados para ese fin.
Según el balance ofrecido este martes 20 de octubre por la vocera del OVP, de los 314 decesos contabilizados en nueve meses, 168 fueron por motivos de salud: 121 murieron en cárceles y 47 en calabozos. En comparación con los 153 ocurridos en 2019 por las mismas causas, se evidencia un aumento de 10% en la cifra de muertos.
19% de los muertos en Carabobo
Carabobo, Lara y Miranda, estados que tienen amplias poblaciones penitenciarias, fue donde se registró la mayor cantidad de fallecidos. De acuerdo a los datos de la organización, entre enero y septiembre de 2020 fueron reportados 59 fallecidos solo en la entidad carabobeña, seis de esos recluidos en calabozos policiales.
La cifra de fallecidos en Carabobo representa 19% del total contabilizado en centros penitenciarios y prisiones preventivas de todo el territorio nacional. “La situación de los muertos por salud allá es muy preocupante”, dijo la directora del OVP al ser consultada por El Carabobeño sobre las cifras regionales.
Girón detalló que de los 59 decesos que el observatorio logró constatar en el estado del centro del país, 44 fueron por tuberculosis y patologías asociadas a la desnutrición. Además, la mayoría de los muertos pertenecía al Internado Judicial Carabobo, en el municipio libertador, cuya población carcelaria es de más de cinco mil reclusos.
Fue enfática al advertir que la desnutrición continúan “haciendo estragos” en los centros de reclusión, ya que convierte a los detenidos en presas fáciles de cualquier enfermedad que los pueda llevar a la muerte ante el debilitamiento de su sistema inmunológico. Tal es el caso de la tuberculosis, patología típica de las cárceles debido al hacinamiento, que se ha convertido en una de las principales amenazas de los presos venezolanos.
“No sabemos por qué no llegan los alimentos a las cárceles. Hay presupuestos asignados y se han pedido créditos extras para alimentación, pero los presos siguen desnutridos”, señaló la representante de la ONG. “No debe morir nadie, en virtud de que están bajo la custodia y el resguardo del Estado, que es responsable de su salud y alimentación”.
COVID-19 en las cárceles
En cuanto al impacto de la pandemia de COVID-19 en los presos, Girón expuso que los casos positivos se concentran en centros penitenciarios de siete estados del país: Barinas (5), Distrito Capital (1), Lara (5), Miranda (26), Nueva Esparta (88), Sucre (1) y Táchira (9). Hasta ahora suman 135 contagios, de los cuales dos fallecieron.
La vocera sostuvo que además de los privados de libertad, los trabajadores penitenciarios también han resultado afectados por el virus. En Lara tres resultaron contagiados, entre esos un custodio y un comandante.
Al OVP le preocupa la falta de cumplimiento de medidas de bioseguridad en las cárceles y centros de detención preventiva, sobre todo luego del restablecimiento del régimen de visitas, que había sido suspendido en marzo. Según Girón, a los privados de libertad se les ha visto con tapabocas precarios y sin la posibilidad de cumplir distanciamiento físico.
Sobre las liberaciones bajo régimen de confianza ejecutadas por el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en un intento de descongestionar los centros de reclusión, el observatorio ha contabilizado un total de tres mil 416 entre enero y septiembre.
