De los más de 20 mil 200 casos positivos por COVID-19 que se han registrado hasta la fecha en Venezuela, al menos 49 corresponden a presos recluidos en calabozos policiales de cuatro estados del país, alertó este lunes 3 de agosto la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Los casos de privados de libertad contagiados están distribuidos de la siguiente manera: dos en Lara, dos en Miranda, nueve en Táchira y 36 en Nueva Esparta, informó el OVP mediante una nota de prensa en la que especificó que el balance lo obtuvieron a través de un monitoreo realizado en medios de comunicación y redes sociales de autoridades.
Los contagiados iniciales fueron confirmados por Carmen Meléndez, gobernadora de Lara. El primero fue dado a conocer el 26 de junio, se trata de un hombre de 34 años de edad que resultó detenido el 18 de junio por la policía estadal, en la parroquia Tintotero del municipio Jiménez, por presunto contrabando de cigarrillos.
El 29 de junio confirmaron el resultado positivo de un hombre de 35 años de edad, quien fue aprehendido el 19 de junio por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presunto contrabando de sustancias estupefacientes.
Este último privado de libertad sí tuvo contacto con otros detenidos en el Destacamento 122 de la Guardia Nacional de Carora, según informó Edgar Carrasco, alcalde del municipio Torres, quien además aseguró que tomaron las medidas pertinentes para atender al resto de la población reclusa.
La alcaldesa del municipio Guaicaipuro en el estado Miranda, Wisely Álvarez, confirmó a través de su cuenta en Twitter dos casos positivos de COVID-19 en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Los Teques.
En la misma red social se pronunció Dante Rivas, llamado protector de Nueva Esparta, quien el 25 de julio confirmó que las pruebas PCR de 35 privados de libertad arrojaron resultados positivos por COVID-19. El día anterior había anunciado un caso, pero posteriormente explicó que realmente eran 36 los contagiados dentro de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El último anuncio fue realizado este viernes 31 de julio por Amelia Fressel, autoridad única de salud del estado Táchira, quien informó que se hizo un abordaje en la sede del Cicpc de San Cristóbal y confirmó que eran nueve los presos contagiados con COVID-19.
“Ya están en aislamiento, no se tiene pensado mover a nadie. En esas instalaciones se decidió aislar y recibir tratamiento, de tal manera que no se disemine el virus por otros sectores”, señaló la funcionaria.
En ese sentido, agregó que “todo el personal de la institución recibió tratamiento profiláctico, a fin de evitar un contagio masivo. Para desmentir tantos rumores que hay, solo son nueve casos positivos y deben estar tranquilos porque fueron abordados desde el punto de vista médico y epidemiológico”, declaró Fressel.
Por su parte, la directora del OVP, Carolina Girón, destacó la importancia de que todos los reos de estos calabozos policiales sean sometidos a las pruebas de rigor para descartar casos asintomáticos, en los que además se debería incluir a los funcionarios y a los familiares que llevan alimentos a diario, por tratarse de un virus altamente contagioso.
Girón recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideran que la población penal es una de las más vulnerables en el contexto de la pandemia.
“Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”, señala el comunicado de la CIDH al respecto.
