Yasin Ismail creía haber encontrado el trabajo de sus sueños como supervisor de la planta de la cementera Lafarge en Siria. Pero cuando la compañía francesa decidió mantenerla abierta a pesar de la guerra, su sueño se convirtió en una pesadilla que, según sus familiares, le llevó a morir a manos de los yihadistas.

Ahora tres jueces franceses están investigando las acusaciones de que la compañía pagó cerca de 13 millones de euros (unos 16 millones de dólares) a grupos armados, entre ellos el Estado Islámico (EI), para poder mantener su planta funcionado.

Y en noviembre de 2016 once antiguos trabajadores llevaron ante la justicia a Lafarge, a su filial siria Lafarge Cement Syria (LCS) y varios de sus dirigentes por financiar el terrorismo y poner en peligro de forma deliberada de la vida ajena, en particular entre 2012 y 2014.

Desde entonces seis dirigentes y exdirigentes de Lafarge han sido inculpados.

En la ciudad de Ain Isa, en el norte de Siria, la casa que Yasin Ismail, mecánico de profesión, empezó a construir, sigue sin terminar. Probablemente el edifico de dos plantas habría impresionado a su vecinos en este barrio polvoriento junto al desierto, a 30 kilómetros de la planta de Lafarge en Jalabiya.

Pero en 2013, en medio de la ofensiva en la región de rebeldes armados e islamistas, un grupo de combatientes yihadistas, el futuro Estado Islámico, secuestraron a Ismail, padre de tres hijos.

Tras varios meses de cautiverio, fue ejecutado, explicaron sus familiares y tres de su antiguos colegas de trabajo.

Según les contaron, murió degollado y su cuerpo fue tirado a un cañón del desierto donde los yihadistas dejaban a cientos de sus víctimas.

Sabía que  era peligroso pero no tenía otra opción porque necesitaba el dinero, explicó  primo, Mustafa Yasin. “La planta estaba en una zona kurda rebelde y el EI le mató acusándolo de espiar para los kurdos”, aseguró su tío Yasin Yasin.

Lafarge era consciente del peligro que corrían sus trabajadores y en 2012 evacuó al personal extranjero. Un documento interno indica que hubo 12 secuestros de trabajadores a manos de grupos armados ese año.

Sin embargo los directivos de Lafarge  ahora Lafarge Holcim tras su fusión con la suiza Holcim en 2015 aseguraron ano tener conocimiento del caso de Ismail.

Secuestrado al salir del banco

No fue el único caso. Otro mecánico, Abdul Al Homada, de 35 años, fue secuestro en 2013 en Alepo y muy probablemente fue asesinado, según cuatro de sus compañeros de trabajo.

Homada fue secuestrado en Alepo, a 150 kilómetros de la fábrica, donde había ido a cobrar su sueldo porque Lafarge no quería tener dinero en efectivo en su planta por la inestabilidad en la región.

“Le dijimos a Lafarge que podía ser peligroso ir a Alepo pero rechazaron pagar los sueldos en la planta”, dijo Jarir Yahyaalmullaali, un extrabajador de la fábrica. “Le secuestraron cuando salía del banco”.

La situación era muy tensa desde el 19 de septiembre de 2014, el día en que el EI llegó a la región.  “A Lafarge no le importaba nuestra seguridad y no preparó ningún plan de evacuación, nos pusimos 29 personas en tres coches encontramos, si nos hubiéramos quedado ahora estaríamos muertos”, dice Yahyaalmullaali recordando ese día.

Sin embargo pocos días después de la llegada del EI, el director de la planta, Frederic Jolibois, aseguraba que había logrado sacar a nuestros trabajadores de la planta sanos y salvos.

“Parece que hubo ceguera, voluntaria o no, por parte de la dirección”, dice Sandra Cossart, directora de la oenegé Sherpa que interpuso la denuncia judicial en nombre de los empleados.

En diciembre, el director general adjunto de Lafarge en la época, Christian Herrault, dijo a la justicia que el Estado francés estaba al corriente de la presencia de grupos armados y pidió a la compañía que se quedara en Siria.

Por eso la oenegé Sherpa ha pedido a los jueces que interroguen también a Laurent Fabius, ministro de Exteriores entre 2012 y 2016 en el gobierno del presidente socialista François Hollande.

En diciembre, el presidente de LCS, la filial siria de Lafarge, Bruno Pescheux, reconoció que entre 2013 y 2014 pagó 20.000 dólares al mes al EI para poder mantener la planta en funcionamiento.

“Desde el momento en que se tomó la decisión de seguir operando la planta en el contexto de una guerra civil, era necesario aceptar las consecuencias”, dijo Pescheux a los investigadores.

Sin embargo la planta tuvo que cerrar poco después y ahora, según las autoridades locales, es una base de las fuerzas especiales de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que han contribuido a la expulsión del EI.




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