El alcalde de Lechería, Gustavo Marcano, denunció hoy una operación para aniquilar al poder municipal opuesto al Gobierno, que ha sentenciado, inhabilitado o amenazado ya a 22 regidores y dos gobernadores.
«Se trata de una escalada de persecución política amparada y certificada por un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de las autoridades legítimas que representan a más de un 57% de la población», subrayó Marcano en una rueda de prensa celebrada en un hotel de Doral, ciudad aledaña a Miami.
El alcalde, sobre el que pesa una orden de captura emitida por las autoridades venezolanas, señaló que permanecerá un tiempo en EE.UU. y que evalúa la posibilidad de pedir asilo político para continuar desde otro lugar la lucha por el cambio y la libertad en Venezuela.
En ese contexto, Marcano indicó que presentó recientemente un detallado informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en el que se especifica, uno a uno, los casos de alcaldes y gobernadores municipales que son objeto de persecución por el régimen venezolano.
Puso el foco de su denuncia en casos muy grave de persecución, como el de Omar Lares, alcalde de Campo Elías del estado Mérida, cuyo hijo fue detenido en su casa por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) al no encontrarse Omar cuando los funcionarios se personaron para arrestarlo.
El objetivo del TSJ, prosiguió el alcalde opositor, «era convertirnos a los alcaldes en violadores de la Constitución, querían que cercenáramos el derecho legítimo de la gente a protestar».
A raíz de su negativa a aceptar ese recurso del TSJ, Marcano se convirtió en el primer alcalde sentenciado a través de este procedimiento, el mismo mecanismo, apuntó, que se utilizó para encarcelar a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal (Táchira), y a Enzo Scarano, exalcalde de San Diego (Carabobo).
Tachó el recurso judicial de absolutamente irregular y afirmó que este mecanismo no tiene acomodo en el ordenamiento jurídico venezolano, además de violar los derechos fundamentales y el debido proceso.
E insistió en que la maquinaria represiva del régimen ha traspasado ya los límites personales para dirigir su acción contra las familias de los alcaldes opositores, que sufren amenazas, detenciones arbitrarias y secuestros.
En el informe sobre alcaldes y gobernadores sentenciados por la dictadura venezolana se destaca que estos legisladores son los representantes legítimos de 17 millones de electores, es decir, el 57,36% de la población.
Un mapa electoral que el Gobierno venezolano quiere barrer con la supresión de funcionarios públicos y líderes municipales que amenazan la hegemonía del régimen de Maduro.
El próximo paso de Marcano será presentar su denuncia ante ONGs defensoras de los derechos humanos e instancias internacionales para lograr la protección de las autoridades opositoras, sus familias y los electores de cada municipio y estado.
Llamó a todas las instancias internacionales y países a desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, instalada la semana pasada, e instó a continuar la lucha por una salida urgente y constitucional del régimen de Nicolás Maduro.
