La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, exigieron hoy que la solidaridad de los Estados europeos en política migratoria no se limite a los acuerdos con terceros países para frenar la llegada de inmigrantes, sino que se plasme también en la acogida de refugiados.
Merkel se mostró crítica con los Estados que no dan muestras de solidaridad en ese ámbito, en referencia a los países de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia), que rechazan la acogida de cuotas obligatorias de refugiados en situaciones de emergencia.
«No podemos aceptar que en la mayoría de áreas tengamos solidaridad, pero en algunas otras no. Esto no es aceptable», advirtió Merkel en una rueda de prensa conjunta con Macron.
La canciller indicó que aunque hay aspectos en los que hay un «amplio acuerdo» entre los socios europeos, como la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de inmigrantes o la necesidad de atacar las «causas de raíz» de la inmigración, hay divergencias en la solidaridad interna en el ámbito migratorio.
No tengo nada que retirar de lo que ha dicho la canciller, dijo por su parte Macron.
Los dos mandatarios se declararon satisfechos de los avances logrados en el aspecto externo de la política migratoria, es decir, en los acuerdos con países africanos de origen y tránsito de los flujos migratorios, para frenar las llegadas a territorio europeo.
«Hace falta solidaridad en el plano interno, es indispensable, y no podemos limitarla al plano de las intervenciones internacionales», subrayó Macron.
«Trabajaremos para tener un verdadero acuerdo sobre el plano interno y externo» de aquí a junio, añadió.
Los líderes europeos debatieron el jueves este asunto, que se enmarca en los debates sobre la reforma del sistema de asilo común, que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quiere ver cerrado el próximo junio.
Tusk propuso esta semana poner fin a las cuotas obligatorias de refugiados, ante su «ineficiencia» y la «división» que crean entre los países, a lo que el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramópulos, reaccionó con inusual virulencia, calificando la propuesta de «antieuropea» e «inaceptable».
