El operativo de fiscalización de precios emprendido por el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socieconómicos (Sundde) en tiendas de ropa, zapatos y supermercados privados, lo que busca es criminalizar y destruir el aparato productivo del país, afirmó Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem),
El también abogado laboral rechazó de plano este lunes los más recientes ataques contra pequeños y medianos comerciantes emprendidos por el régimen contra la empresa privada venezolana, cuya práctica ha sido utilizada desde que está entronizado en el poder.
Padilla relató que el dueño de un negocio al comprar la mercancía para venderla debe añadirle al costo final una serie de variables, las cuales incluyen traslado, pago de impuestos, mobiliario, sueldo de empleados, además de su legitima ganancia que ronda el 30%.
Criticó el directivo de la institución que defiende la pequeña y mediana empresa, que esta realidad no es entendida ni mucho menos asimilada por la administración gubernamental. Dejó claro que "Cualquier comercio sea de ropa o alimentos es quebrado automáticamente cuando la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos SUNDDE obliga a propietarios a vender su mercancía casi a precio de costo, olvidando la hiperinflación que vivimos e imposibilitando a este de reponer su inventario”.
Padilla afirmó que las acciones de la Sundde traen como consecuencia que el esfuerzo del pequeño comerciante de ropa o el dueño de una pequeña bodega se esfuma solo en cuestión de horas, trayendo un retroceso y graves dificultades en la sociedad de consumo. Comentó que el venezolano al no poder comprar la popular harina pan, se ha visto en la necesidad de usar técnicas primitivas de adquirir el maíz, molerlo para poder hacer arepas, exponiéndose a altos riesgos sanitarios, gracias a las pésimas políticas económicas emprendidas por el Estado.
En su análisis, Padilla calificó de fascista el llamado Carnet de la Patria el cual será utilizado en las próximas semanas como una forma de cancelar el cesta tiket y las pensiones, obligando a la ciudadanía a tener este instrumento de coacción del partido para poder recibir un beneficio que les corresponde a los venezolanos por ley. Ante esto, desde su perspectiva, consideró que el empresario debe rebelarse de manera democrática y pacífica ante esta práctica inconstitucional.
El dirigente social aseguró que a pesar de esta dura realidad el comerciante y emprendedor se niegan a morir y a entrar en el mundo delictivo, utilizando una creatividad extrema convirtiendo quiosco en venta de verduras o lo que pueda comprar el consumidor o ante la escasez de efectivo el bodeguero al igual que el vendedor informal deben cancelar un valor agregado para que les presten el punto de venta y así poder seguir trabajando. Incluso hay policías que cargan puntos electrónicos y extorsionan al buhonero diciéndole que lo pueden usar a cambio de una vacuna. La crisis llega a niveles que casas de familia son convertidas en mini centros comerciales con alquileres muchos más baratos, agregó.
