Funcionarios judiciales y policiales allanaron este sábado una casa de descanso en el sur argentino de la senadora y expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de una causa judicial por corrupción que involucra a empresarios y exaltos funcionarios, comprobó un periodista de la AFP.
Esta semana habían sido objeto de procedimientos similares otras dos residencias de la mujer que gobernó el país entre 2007 y 2015, tras suceder a su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Por el momento no hubo ningún hallazgo de importancia, según fuentes judiciales citadas por los medios locales.
«Se ha analizado este sábado el subsuelo de la casa», dijo una fuente de la investigación citada por medios locales. No se informó si el operativo continuará el domingo.
El juez investigador, Claudio Bonadio, considera que el matrimonio Kirchner encabezaba una asociación ilícita destinada a recaudar millonarios sobornos, una acusación a la que se sumó el presidente argentino, Mauricio Macri.
En respuesta, Kirchner dijo esta semana ser una perseguida política del macrismo, al que acusó de montar «un show mediático» mientras la población sufre «políticas económicas horribles».
La residencia allanada es una casa de dos plantas en la localidad patagónica de El Calafate, cerca del glaciar Perito Moreno, una de las atracciones turísticas del país, unos 2.000 km al sudoeste de Buenos Aires.
Buscan en paredes y pisos
Funcionarios judiciales y policiales realizan los allanamientos, equipados incluso con escáneres para buscar dentro de las paredes o los pisos.
Estos procedimientos se llevan a cabo después de que el Senado diera luz verde a la petición de la justicia de allanar las residencias de Kirchner, un paso necesario debido a los fueros de la senadora, que también votó a favor de la medida.
El allanamiento del apartamento de Kirchner en Buenos Aires duró 13 horas entre jueves y viernes. El segundo operativo fue en la casa familiar en la patagónica Río Gallegos, a 300 km de El Calafate.
«La plata de la corrupción explica todas las cosas que nos faltan (en el país)», dijo Macri el viernes.
El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, afirmó el sábado que «se ha desatado en todo el continente la criminalización y persecución de los frentes políticos populares» en Argentina, Brasil y Ecuador.
Detenidos y liberados
Un informe judicial oficial reportó el viernes que en la causa por corrupción se tomaron hasta ahora «52 declaraciones indagatorias, habiéndose logrado la detención de 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, subsistiendo 2 personas con orden de captura».
«Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena», se indicó en el documento.
«Tenés que arrepentirte, confesar algo e involucrar gente. Si decís que sos inocente, quedás preso», criticó Mariano Cúneo Libarona, un abogado de renombre contratado por el empresario ferroviario Sergio Taselli, en una rueda de prensa el viernes, al aludir al accionar de su defendido.
Entre los grandes empresarios involucrados, figuran magnates de la obra pública y la industria como Paolo Rocca (Techint). Entre los arrepentidos se encuentra un ejecutivo de la firma española Isolux.
Los cuadernos del chofer
La investigación se inició el 2 de agosto cuando el juez Bonadio llamó a declarar a Oscar Centeno, chofer de un exministro kirchnerista.
Lo interrogó sobre el contenido de unos cuadernos en los que durante más de una década habría anotado traslados de millones de dólares en presuntos sobornos de empresarios a funcionarios. Centeno es un exmilitar expulsado del ejército y está en libertad bajo custodia.
El exchofer dijo haber quemado los cuadernos pero hay fotocopias que obran en poder del juez. Bonadio se apoya en las confesiones de arrepentimiento de algunos investigados, aunque aún no se han detectado cuentas, cajas fuertes o alguna prueba tangible de dónde está el dinero de la corrupción.
La causa no sólo puso en el ojo del huracán político a la principal fuerza opositora, el kirchnerismo, sino a grandes compañías, entre ellas empresas de la familia Macri.
