El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este viernes que próximamente publicará la versión actualizada de su crítico informe sobre Venezuela, que citará los «serios retrocesos» humanitarios y electorales tras el inicio del diálogo entre gobierno y oposición.
«La actualización de nuestro informe (…) tiene en cuenta específicamente los retrocesos que ha habido desde el comienzo del diálogo en noviembre», dijo Almagro a periodistas tras recibir al vicepresidente del Parlamento venezolano, el diputado opositor Freddy Guevara.
Esta actualización pondrá al día el detallado documento que el excanciller uruguayo presentó en junio pasado a los países miembro, en el que denunció «una grave alteración del orden constitucional» y democrático en Venezuela y que puso al país petrolero en el centro de acalorados debates en el organismo regional.
Almagro dijo que todavía no hay fecha prevista para publicar el nuevo texto, porque se tomará «el tiempo necesario» para redactarlo. Además, precisó que lo enviará directamente a los socios del bloque, en lugar de presentarlo oralmente ante el Consejo Permanente de la OEA.
El titular de la OEA denunció de todas formas los «serios retrocesos» en el funcionamiento de la Asamblea Nacional –dominada por la oposición–, la liberación de «presos políticos», la ayuda en alimentos y medicinas y la realización de elecciones.
Si Pinochet hubiera cancelado plebiscito
«Se mantiene la lógica que se puede detener a cualquiera, en cualquier condición, en cualquier momento», dijo el jefe del organismo regional, señalando que el número de opositores detenidos ha aumentado en los últimos diez meses, superando el centenar.
Almagro denunció los obstáculos colocados a la Asamblea Nacional, especialmente desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) –que la oposición acusa de parcial– la declaró en desacato y anuló todas sus decisiones por no desvincular a tres diputados acusados de fraude electoral.
También reiteró su condena a la cancelación a finales del año pasado de un referendo revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro, calificando ese mecanismo como «el único esquema que había de salida constitucional».
«Es como si la dictadura de (el general chileno Augusto) Pinochet hubiera cancelado el plebiscito que permitió la salida democrática del país; definitivamente un paso muy serio, muy grave», comparó.
Los venezolanos tampoco conocen la fecha de las elecciones de gobernadores, que debieron realizarse por ley en diciembre del año pasado.
«Todos los cronogramas electorales han sido completamente devastados por una condición de violación permanente de los derechos civiles y electorales», apuntó.
Guevara, de Voluntad Popular -organización del encarcelado líder opositor Leopoldo López-, destacó de su lado la «deuda inmensa» que tienen los venezolanos con Almagro, quien se ha convertido en un duro crítico del gobierno de Maduro.
El legislador advirtió al jefe de la OEA sobre la «amenaza inminente de ilegalización» de los partidos políticos en Venezuela, mediante un procedimiento del Poder Electoral de renovación, que tachó de «ilegal».
Posiciones más duras
El encuentro en la OEA cerró una visita de cuatro días de Guevara y otros diputados venezolanos a Washington, donde también se reunieron con la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen y el subsecretario de Estado Tom Shannon, en el marco del inicio del nuevo gobierno del presidente Donald Trump.
Guevara señaló que la nueva administración tiene una «preocupación muy importante» respecto a Venezuela y «va a tener posiciones más duras que la anterior», aunque reconoció que aún falta claridad pues varios cargos claves en el Departamento de Estado aún están vacantes.
El legislador defendió las sanciones ordenadas por el expresidente Barack Obama contra siete funcionarios venezolanos por abusos de derechos humanos, y dijo que el gobierno de Estados Unidos estaría evaluando nuevas medidas, apuntando a personas señaladas de corrupción.
El informe de Almagro provocó un debate inconcluso en el organismo sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que faculta a la OEA a intervenir en casos de alteración constitucional.
Las presiones cedieron un poco tras el inicio en noviembre de un diálogo entre el gobierno y la oposición, apadrinado por El Vaticano, pero que ha fracasado.
A pesar de sus críticas al diálogo, Almagro rechazó comentar sobre el rol del Vaticano.
