Tres masacres en sus comunidades en menos de un año es lo que han denunciado los líderes indígenas de la etnia Pemón en Venezuela. Si esto ocurriera en Chile, Colombia o Brasil sería un escándalo mundial y habría en estos momentos una campaña internacional para denunciarlo. Pero no es el caso de Nicolás Maduro que dispone del aval (o complicidad) de parte de la izquierda mundial y del aparato comunicacional del gobierno ruso.
Las masacres y desplazamientos de pueblos indígenas al sur de Venezuela continúan ante la complicidad o indiferencia del Ejército y del gobernador regional, general (r) Justo Noguera Pietri, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en lo que definitivamente es una política por parte de Nicolás Maduro en su intento por controlar, al costo que sea, las minas de oro de la región.
Tres masacres en sus comunidades en menos de un año es lo que han denunciado los líderes indígenas de la etnia Pemón en el estado Bolívar, al sur del río Orinoco, y el exgobernador de ese estado y dirigente opositor Andrés Velásquez. Como ocurrió en febrero pasado cuando fueron asesinadas siete personas, en esta ocasión la denuncia ha venido acompañada de terribles imágenes de cuerpos mutilados y acribillados a balazos.
El pasado 23 de noviembre se hizo la primera alerta pública sobre otros seis asesinatos ocurridos contra miembros de la comunidad indígena Ikabarú, en la Gran Sabana, que se dedicaban a la minería, por un grupo armado que irrumpió en la zona. Las dificultades para la comunicación que hay en Venezuela hoy y la lejanía de la región, a más de 1.000 kilómetros de distancia de Caracas, dificultan la fluidez de la información que se ha ido confirmando con los días. Según los voceros de la comunidad podrían ser al menos ocho los indígenas asesinados.
Zona militarizada
Un dato a tener en cuenta lo recuerda la organización no gubernamental defensora de Derechos Humanos Provea: la zona se encuentra militarizada desde febrero pasado. Por lo tanto el acceso está restringido. Es inverosímil que un grupo armado haya incursionado contra los pemones sin el consentimiento del Ejército.
Sin embargo, en lo que va de año son más de 1.000 los miembros de la comunidad Pemón que han tenido que abandonar sus tierras para desplazarse hacia Brasil huyendo de los hechos de violencia en su contra.
Si esto ocurriera en Chile, Colombia o Brasil sería un escándalo mundial y habría en estos momentos una campaña internacional para denunciarlo. Pero no es el caso de Nicolás Maduro que dispone del aval (o complicidad) de parte de la izquierda mundial y del aparato comunicacional del gobierno ruso.
Lo paradójico y revelador de la naturaleza y comportamiento del régimen de Maduro es que cuenta con un ministerio “del poder popular” para asuntos indígenas; pero además, en la retórica chavista no falta la defensa de los pueblos originarios, que incluye la develación de estatuas en Caracas en homenaje a caciques aborígenes que se resistieron a la conquista europea hace 500 años.
En esa retórica también se incluyen las conocidas denuncias en contra de la depredación del medio ambiente por parte del capitalismo neoliberal y el compromiso de defender el medio ambiente y “salvar el planeta”, tal como lo indica el Plan de la Patria 2013-2019.
Por supuesto, nada de eso es más importante que la explotación y exportación de oro para sostener al régimen de Maduro, aun a costa de la vida de los pueblos indígenas, o que se amenace el frágil equilibrio ecológico de esa parte de Venezuela que se caracteriza por un hábitat frágil y único. Según diversas fuentes este año las exportaciones de oro podrían aportar 800 millones de dólares que son comercializados con la ayuda de Turquía y Rusia. Según la agencia noticias Bloomberg, en 2018 Venezuela exportó 400 millones de dólares por ese concepto.
Ya desde inicios de 2016 (muchos antes de las sanciones norteamericanas a la industria petrolera venezolana) Maduro le puso el ojo a 111.800 kilómetros cuadrados de territorio correspondiente a buena parte a los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, con enormes de reservas de oro, cobre, diamante, coltán y bauxita, que bautizó como el Arco Minero del Orinoco. Este junto con el petro es uno de sus proyectos económicos estrella.
A continuación sancionó una ley, que nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN), para abrir la región a la explotación de empresas transnacionales. Pero además, creó la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Caminpeg) que tal como indica su nombre es controlada por altos jefes militares para la explotación de los recursos de la región.
No conforme con eso también les ha entregado pedazos del pastel a sus aliados del Ejército de Liberación de Colombia (ELN), e incluso les ha ofrecido minas a los gobernadores de estado del partido oficialista.
Como no podía ser de otra manera, esa anárquica actitud ha tenido como consecuencia que la violencia en la región se haya disparado con las disputas por el control de las minas entre distintos grupos mafiosos y por las acciones del Ejército, quedando las comunidades indígenas (que también se dedican a la minería artesanal) en el medio, tal como lo ha denunciado el diputado opositor Américo De Grazia, hoy asilado en una embajada.
Es curioso que un gobierno que admite como su único fracaso no haber podido romper con “el rentismo petrolero”, insista en buscarse otra fuente de renta, pero esa no es la única contradicción del chavismo.
Una de las banderas políticas del chavismo ha sido “visibilizar a los pueblos originarios”. Como se puede apreciar se les ha visibilizado. Pero no porque se les hayan construido más escuelas o mejorado sus condiciones de vida, sino porque ahora las comunidades indígenas se han convertido en el principal obstáculo para la explotación minera promovida para sostener a Nicolás Maduro en el poder.
