Los precios del petróleo se hunden y con ellos las últimas posibilidades de que la crisis en Venezuela fuera menos severa de lo esperado incluso antes del brote global del coronavirus.
La precariedad es tal que sólo se pueden esperar ingresos petroleros por el orden de los 5.000 millones de dólares para todo el año, con los que será imposible atender los requerimientos básicos del país como la gasolina y los alimentos, que ya no se producen en el territorio. Mientras tanto, los venezolanos movidos por la necesidad desoyen las restricciones de la cuarentena para buscar opciones diarias para sobrevivir, a sabiendas de que sólo se espera un panorama desolador.
La orden de “quédate en casa” se ha cumplido en 90%, según dicen de tanto en tanto los voceros del régimen de Nicolás Maduro. Aseguran que es gracias a la medida de parálisis general de actividades que el ritmo de expansión del Covid-19 ha sido lento, lo que a la fecha ha evitado una crisis sanitaria severa, como la que han reportado otros países.
Sin embargo, por las calles de Caracas, donde los comercios en general permanecen cerrados desde el 16 de marzo, abundan los transeúntes, una que otra unidad de transporte público operando y cierto flujo de automóviles particulares que han podido surtirse de las limitadas existencias de gasolina.
Esa “vida”, que se apaga sobre las dos de la tarde, cuando comienzan a quedarse vacías las calles y la sensación de territorio arrasado se intensifica, está determinada por las compras de alimentos y medicinas autorizadas por las autoridades, pero también por la necesidad de ganarse la vida de ese casi 60% de la población que está fuera del sector formal de la economía.
Según estimaciones del sociólogo Luis Pedro España, hechas a inicios de año, más de dos tercios de la población venezolana tiene que “rebuscarse” para poder comer, eso implica prácticas como sobretrabajo, desempeño de varios oficios a destajo o vender cualquier cosa (desde tortas y café hasta desprenderse de sus bienes).
Es precisamente esa porción la más golpeada por el aislamiento social, pues su poder de compra es muy bajo y vive al día, así que para estas personas quedarse en casa, aun a riesgo de enfermarse, no es una opción.
La Encuesta Nacional Impacto Covid-19, realizada por la Asamblea Nacional y presentada este fin de semana, radiografía claramente esta situación al revelar que 85,40% de la población venezolana no tiene algún tipo de ahorro o ingreso garantizado para enfrentar la crisis. Tan sólo 12,38% tiene capacidad para cubrirse entre una semana y un mes, y apenas dos de cada 100 venezolanos tienen margen para atender sus necesidades fundamentales por más de un mes.
Economía agonizante
Venezuela entra en la dimensión de la crisis económica estimulada por el Covid-19 en el marco de su séptimo año consecutivo de contracción económica, lo que implica que las oleadas recesivas de la pandemia a nivel global vienen con fuerza a golpearle y encuentran al país como a sus ciudadanos: sin ahorros y sin capacidad de generar ingresos.
Sin gasolina
Desde hace años se viene acentuando la escasez de gasolina por la desinversión en la industria petrolera, que echó al piso el bombeo de crudo y dejó operando en menos de 10% de su capacidad al sistema refinador nacional. Esto, más el descalabro de las finanzas públicas y el efecto más reciente de las sanciones internacionales, ha dejado al país sin combustibles, que casi en un 80% provienen de las importaciones.
En marzo, según Reuters, las importaciones de combustibles sumaron 84.000 barriles diarios y la demanda se ubica en 110.000, lo que acentuó las fallas. Por eso en medio de la cuarentena cesaron los suministros de gasolina y el surtido, controlado por los militares, se restringe a sectores priorizados como salud, alimentos, seguridad y servicios públicos básicos.
Sin embargo, las existencias tampoco alcanzan para atender a tales sectores. Según la Encuesta Nacional Impacto Covid-19, el suministro de gasolina de manera continua se ubica en apenas 0,28%, lo que ha impedido la movilización de trabajadores del sector salud e impacta la distribución de alimentos.
Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), cree necesario que los productores que transportan alimentos “tengan acceso a ese poco combustible que hay”. Su comentario viene a propósito de un plan de suministro controlado que anunció al cierre de la semana pasada el régimen de Nicolás Maduro con el que se intentará mitigar la crisis.
Fedeagro advierte que “la agricultura está al borde de un colapso definitivo”, pues sin las garantías de combustible para la movilización de los insumos, entre otros recursos, es alto el riesgo de que se pierda el ciclo de cultivo de invierno, que es el más importante del año. “Es un crimen dejar perder una producción que costó enormes esfuerzos a los productores y que difícilmente podemos importar”.
Esto no sólo responde a la poca capacidad financiera de la nación sino a los coletazos globales de la pandemia, que alteran los flujos del comercio internacional y pueden entrabar cualquier gestión importadora. Venezuela, cuya economía es hoy 65% más pequeña que en 2013, tiene también una alta dependencia de la importación de alimentos y medicinas para compensar el desmantelamiento del aparato productivo nacional a causa de las políticas económicas impulsadas por las autoridades.
Para el ex presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, “la crisis mundial originada por el coronavirus demuestra la importancia de tener sistemas de producción locales fuertes y sustentables. Hoy pagamos las consecuencias de haber destruido el 70% de la producción nacional de industrias y alimentos”.
Tomando en cuenta los diversos elementos de la crisis global y nacional, se estima que la economía venezolana podría experimentar una contracción de entre 15 a 20% del PIB en 2020, quedando reducida a 80% de lo que fue siete años atrás.
Las opciones
Sin recursos y sin legitimidad al régimen de Nicolás Maduro se le hace complicado hacer frente a la situación, de allí que en una primera instancia haya recurrido a la emisión monetaria para sostener un gasto compensatorio en bolívares. Ofreció el reparto de bonos a unos 6 millones de ciudadanos, según afirmaron las autoridades, y se inició el sistema de complemento al pago de las nóminas de las pequeñas y medianas empresas.
El impacto monetario de estas medidas, que expandieron la liquidez en 20% en unas tres semanas, ya se siente en la pérdida del valor del bolívar. El dólar repuntó un 13% durante marzo y se espera que mantenga la tendencia. Esto de inmediato se traduce en un incremento de los precios en un país que transita su tercer año en hiperinflación.
Estas medidas son ineficaces e insuficientes para atender la magnitud de la crisis. Sin ayuda financiera internacional parece imposible remontar la cuesta, pero para acceder a esta solución primero se debe pasar por un entendimiento político que ni en tiempos de coronavirus se vislumbra en lo inmediato.
