José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la UC. (Foto cortesía)

La situación económica de los universitarios solo empeora. Cerca de 13 mil trabajadores de la Universidad de Carabobo (UC), incluyendo docentes, personal administrativo, obreros y jubilados, estarían afectados ante la reciente decisión anunciada por el Ministerio de Educación Universitaria de eliminarles derechos laborales ya adquiridos, informó José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la máxima casa de estudios.

El profesor explicó que el viernes 24 de julio la UC  recibió una comunicación emitida desde la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), encargada de la maqueta salarial, en la que se informó que a partir de agosto del año en curso, con retroactividad en julio, se eliminarían y disminuirían beneficios que forman parte de los sueldos, salarios y pensiones de los trabajadores fijos, contratados, jubilados, pensionados y sobrevivientes.

Entre los beneficios que el ministerio pretende eliminar, detalló, están los bonos de transporte para todos los trabajadores activos, el de ciudad para proyectos específicos (de tres salarios mínimos) e, incluso, el complemento de la pensión jubilatoria, quedando afectados al menos seis mil 860 profesores jubilados, todos los obreros que trabajan en vigilancia y cerca de mil 800 personas que tienen cargos directivos, relacionados con el soporte administrativo y de gestión académica.

“Esto es algo que perturba a cualquier persona que tenga una familia, en la situación en la que estamos todos en este momento”, dijo la autoridad universitaria al explicar que se trata de remuneraciones que venían siendo aprobadas en maqueta de forma consecutiva, con todo el soporte legal correspondiente. “No hay que ser un experto laboral para decir que lo recurrente es un derecho adquirido y no se puede perder”.

Según el vicerrector administrativo de la UC, este tipo de situaciones se han presentado incluso en otras casas de estudio del país, como la Universidad Centra de Venezuela (UCV), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad Simón Bolívar (USB). Agregó que la gran mayoría de las universidades autónomas está en una situación comprometida que angustia a la colectividad.

“Es público y notorio que nosotros tenemos sueldos que van de cuatro a ocho dólares, según las categorías, y eso es absolutamente insensato”, sentenció Ferreira. Ante ese panorama, el Consejo Universitario (CU)  de la UC planteó una nueva tabla salarial en dólares y, además unos bonos especiales para toda la comunidad de tres salarios integrales, pero ninguna de las propuestas han sido atendidas.

“Estamos luchando por mejores sueldos y mejores condiciones para toda la colectividad”, resaltó el vocero este miércoles 29 de julio desde la sede del rectorado.

“Igualdad hacia arriba”

A juicio del profesor Gerardo Vásquez, vicepresidente de Asociación de Profesores de la UC (APUC), la medida del ministerio responde a una especie de “campaña” por parte de trabajadores universitarios que no reciben las primas. “Todo esto era un propósito bien estudiado para tratar de destruir la universidad, crear un clima de conflicto y, sobre todo, para destruir el esfuerzo que desde el CU se vienen haciendo para equiparar los sueldos”, aseveró.

Vásquez denunció que el régimen de Nicolás Maduro incumple desde hace tres años la convención colectiva, ya que los incrementos salariales no se rigen por ese acuerdo sino por los aumentos que decreta el Ejecutivo. Respecto a los beneficios que les pretenden suprimir, sostuvo que fueron adquiridos desde mediados de 2005, bajo las gestiones rectorales del profesor Ricardo Maldonado y posteriormente María Luisa de Maldonado.

“La universidad está una situación de reclamo, resteados con los derechos laborales de los trabajadores. Nosotros vamos a seguir luchando por la igualdad hacia arriba y no por las campañas que buscan destruir a la universidad”, afirmó el vocero de la (APUC).

“Hay diferencias abismales” 

Por su parte el miembro de la Comisión de Ajuste Salarial del Consejo Universitario UC, Fermín Conde, expuso este miércoles en entrevista radial con el periodista Ricardo Graffe, a través de Unión Radio Valencia, que la crítica no está dirigidas a la existencia de primas, sino “en contra de la discriminación y segregación que se produjo como consecuencia de que un sector salió favorecido y la gran mayoría no”.

Según sus declaraciones, la asignación de primas a un sector de los trabajadores universitarios implica una gran diferencia entre profesores de una misma categoría y dedicación. Además, Conde fue enfático al señalar que hay “diferencias abismales” entre los ingresos mensuales de quienes reciben las bonificaciones y los que no.

“No es posible que un profesor con categoría de agregado y menos de siete años en la universidad pueda ganar hasta siete veces más que un ex rector, con 60 años de servicio y con la máxima categoría. Esa distorsión que se produjo es lo que se está tratando y se busca corregir”, insistió el representante de la comisión ante el CU.

Entretanto, se conoció que la rectora Jessy Divo de Romero, junto al vicerrector administrativo, el secretario Pablo Aure, y los decanos de las siete facultades del alma máter carabobeña, mantienen reuniones permanentes, evaluando las acciones que emprenderán para impedir las pretensiones del Ministerio de Educación Universitaria de eliminar los beneficios laborales de los trabajadores ucistas.

En horas de la noche de este martes 28 de julio los trabajadores de la UC llevaron a cabo un “tuitazo” y lograron posicionar en Twitter durante varias horas la etiqueta #ResteadosConLaUC, mediante la cual exigieron respeto a sus derechos laborales.




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