En Venezuela, a los Puntos de Atención Social Integral (PASI) los comparan con campos de concentración. Y tienen buenas razones para hacerlo.
Los 26 centros de cuarentena «acondicionados», para albergar de forma forzosa a los 130 mil emigrantes que, han regresado a su país desde el inicio de la pandemia, acumulan un largo historial de abusos, hacinamiento, condiciones insalubres, falta de asistencia médica acceso limitado a alimentos y agua, según la última investigación realizada por Human Rights Watch (HRW) y dos centros de la Universidad John Hopkins, el de Salud Pública y Derechos Humanos y el de Salud Humanitaria. De los 29, 19 están situados en estados fronterizos, reseñó el diario español online El Mundo.
«Enviar a los retornados a centros de cuarentena insalubres y superpoblados, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social, es una fórmula perfecta para propagar el COVID-19», indicó la doctora Kathleen Page.
Ambas organizaciones han detectado las amenazas contra los retornados y la prolongación de las dos semanas iniciales ante el retardo general de los test de diagnóstico.
Exigirles quedarse más allá del plazo establecido, no hace más que agravar el riesgo de que se contagie y no contribuye a ningún propósito razonable de salud pública, sentenció Page.
Además, «esto equivale en la práctica a una retención arbitraria», advirtió José Miguel Vivanco, director de las Américas de HRW.
El gobierno de Caracas improvisó los PASI en sitios como escuelas, hoteles, centros deportivos y terminales de autobús. Un trabajador humanitario confirmó a HRW que en Zulia han llegado a alojar a 700 personas en un centro que sólo puede albergar a 200, incumpliendo todas las normas contra la pandemia.
Rafael P. vivió en primera persona el suplicio en la terminal de autobuses de San Antonio, fronterizo con la colombiana Cúcuta, en donde permaneció más de 100 días, según relató a El Mundo.
«Las condiciones fueron deplorables, el agua no es potable. Dormíamos en colchonetas de cinco centímetros de grosor. Lo peor es que estuvimos un centenar de personas retenidos en contra de nuestra voluntad. Quemamos cauchos (neumáticos) y nos enfrentamos. Hasta la guerrilla colombiana y los colectivos chavistas participaban en nuestra vigilancia», añadió el joven.
PASI: pesadilla hecha realidad
Desde el poder bolivariano se lanzaron improperios y amenazas contra los supuestos bioterroristas que, según el discurso revolucionario, estaban contaminando a Venezuela con coronavirus, proveniente de Colombia.
Las quejas se acumulan en el informe de las tres instituciones: llegaban camiones de agua, pero era agua sucia y no potable. Retornados en Apure y Táchira manifestaron que no había cocinas ni gas para hervir y para desinfectar el agua. Los centros no proporcionaban jabón, desinfectante y otros consumos de higiene, como toallas femeninas (compresas), pañales o papel higiénico, recoge la investigación.
La comida de los PASI se parece demasiado a la del propio país: insuficiente. Las porciones eran muy pequeñas y/o no aportaban una nutrición equilibrada. Las comidas podían consistir sólo en una arepa, sardinas, pequeñas raciones de arroz y frijoles, pasta o algunas cucharadas de pollo picado. En algunos casos, los retornados dijeron que les servían alimentos podridos o congelados. Algunos afirmaron que comían una vez al día o que se habían enfermado a causa del estado de los alimentos. La Oficina de la ONU, para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha identificado casos de desnutrición en los centros PASI, advierte el informe.
HRW y la Universidad John Hopkins incluyen recomendaciones finales a los cancilleres latinoamericanos de cara a la reunión prevista para el 19 de octubre, que forma parte del llamado Proceso de Quito. Entre ellas el acceso a los PASI de organismos humanitarios y la intensificación de la presión internacional para conseguir «acceso irrestricto del Programa Mundial de Alimentos», la organización de la ONU premiada la semana pasada con el Nobel de la Paz.
