amnistia y hrw
Las acusaciones aparecen en una carta entregada en la ONU. Foto: Archivo

Tres importantes organizaciones pro derechos humanos acusaron hoy al Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) de actuar en connivencia con el Gobierno egipcio y de «blanquear las graves violaciones a las leyes internacionales de derechos humanos cometidas» por el ejecutivo de El Cairo y sus fuerzas de seguridad.

Las acusaciones aparecen en una carta entregada en la ONU y firmada conjuntamente por Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), además de la egipcia Cairo Institute for Human Right Studies, donde se afirma que el informe del PNUD sobre Egipto del pasado septiembre está lleno de «falsedades y afirmaciones engañosas» y oculta «la importancia y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos» en el país árabe.

Pero además, el informe del PNUD se contradice con las afirmaciones y hallazgos que aparecen en otras agencias o relatores del sistema de derechos humanos de la ONU, por lo que los tres firmantes piden al PNUD que «retire ese informe de todas los portales de la ONU» y que investigue las circunstancias de su redacción y publicación».

La carta ha sido enviada al Administrador del PNUD, Achim Steiner, con copia al secretario general de la ONU, António Guterres, aunque el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, dijo hoy desconocer su contenido exacto y se abstuvo de comentarla.

Amnistía y HRW acusan a agencia de la ONU

Una fuente de las organizaciones firmantes explicó a Efe que las cuestiones que más habían incomodado a los defensores de los derechos humanos eran las afirmaciones de ese informe relativas a las prisiones en Egipto y a la ley antiterrorista, o cuando dice que la nueva ley egipcia sobre sociedad civil «refuerza el papel de las ONG».

La carta suscrita por las tres organizaciones contiene un anexo donde recuerdan que desde el golpe de estado contra Mohamed Morsi en 2013, «las fuerzas de seguridad han perpetrado graves violaciones en nombre del contraterrorismo, incluyendo desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias en masa, tortura y malos tratos, unos abusos cometidos sistemáticamente y a gran escala», y añade que «hay pruebas creíbles de que estos abusos son parte de la política del Estado para reprimir a la disidencia.




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