Amnistía Internacional (AI) exhortó este miércoles a las autoridades venezolanas a cesar de inmediato la aplicación de los operativos de seguridad llamados Operación de Liberación del Pueblo (OLP), y a desarrollar planes de seguridad ciudadana integrales y respetuosos de los derechos humanos.
En un comunicado, la organización indicó que estos planes de seguridad deben contar con «una amplia y plural participación de la sociedad civil», con el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«Las llamadas OLP han sido denunciadas por organizaciones civiles y casos individuales de la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas y ejecuciones cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», señala la nota.
«Amnistía Internacional exhorta a las autoridades venezolanas a cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación, incluyendo las garantías de no repetición, a los familiares de las víctimas de crímenes de derecho internacional y graves violaciones a los derechos humanos», añadió AI.
El pasado fin de semana, 12 personas fueron halladas muertas en dos fosas comunes ubicadas en la zona de Barlovento, en el céntrico estado Miranda, después de más de un mes de haber sido detenidas en uno de estos operativos de seguridad.
Los fallecidos no tenían antecedentes penales, según el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab.
Amnistía Internacional asegura que, según testimonios recogidos por la organización, «queda aún por conocerse el paradero de otras posibles víctimas asociadas al mismo incidente».
Para AI, los hechos ocurridos en Barlovento son solo una muestra más de los crímenes de derecho internacional y violaciones a los derechos humanos que se cometen en el marco de estas operaciones desde que empezaron a aplicarse hace más de un año.
Amnistía Internacional saluda la disposición de las autoridades de condenar y actuar para localizar los cuerpos de estos 12 jóvenes, pero indica que espera que las declaraciones de la Fiscalía venezolana y del Ministerio de la Defensa se traduzcan en acciones concretas para encontrar a los responsables.
La organización expresa que «el castigo a esos crímenes y violaciones no exime al Estado venezolano de su responsabilidad al promover planes inadecuados que, con el pretendido objetivo de disminuir los alarmantes índices de violencia que se viven en el país, derivan en aún más violaciones a los derechos humanos».
