Amnistía Internacional (AI) pidió al Estado brasileño garantizar una investigación inmediata y rigorosa por el asesinato de la concejal Marielle Franco, ocurrido anoche en Río de Janeiro.
El Estado, a través de los diversos órganos competentes, debe garantizar una investigación inmediata y rigurosa del asesinato de la concejal de Río de Janeiro, señaló la organización internacional en un comunicado urgente divulgado en la madrugada de hoy.
No pueden quedar dudas acerca del contexto, motivación y autoría del asesinato de Marielle Franco, puntualizó AI en el texto.
AI recordó que la concejal era reconocida por su histórica lucha por los derechos humanos, especialmente por la defensa de los derechos de las mujeres negras, y de los moradores de favelas y periferias, así como por la denuncia de la violencia policial.
Marielle Franco, que fue la quinta más votada en las elecciones de 2016 para el Concejo de Río de Janeiro, fue tiroteada cuando transitaba en su vehículo por una calle del centro de la ciudad en la noche del miércoles, tras haber participado en un acto político.
En el ataque también murió el conductor de su vehículo y sufrió heridas sin gravedad una asesora de la concejal identificada como Fernanda Chaves.
La Policía Civil de Río de Janeiro informó de que el ataque fue efectuado por pistoleros que estaban en otro vehículo y que dispararon indiscriminadamente sin hacer ninguna advertencia y huyeron sin robar nada.
Pese a que los investigadores admitieron que no hay indicios de que se tratara de un asalto, hasta ahora no han calificado el crimen como un atentado político.
El ataque se produjo un día después de que la concejal volviera a criticar la intervención en la seguridad de Río de Janeiro en un mensaje en las redes sociales.
Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la Policía. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?, preguntó la política en un mensaje en el que criticó una operación policial que terminó con la muerte.
La legisladora, una socióloga de 38 años procedente del complejo de favelas de Maré, una de las áreas más violentos de Río de Janeiro, era la relatora de la comisión del Concejo creada para fiscalizar las operaciones policiales en el marco de la intervención militar.
El asesinato ocurrió casi un mes después de que el presidente de Brasil, Michel Temer, decretara la intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro para combatir la ola de violencia que lo azota y que el año pasado causó 6.731 muertes, entre las que se cuentan las de más de 100 policías y diez niños alcanzados por balas perdidas.
La intervención, decretada el 16 de febrero y refrendada por amplia mayoría en el Congreso, cede a los militares el control de la seguridad en Río hasta finales de 2018.
