(Foto EFE)

Amnistía Internacional (AI) pidió que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se convierta en una fuerte voz que luche por los derechos humanos en Venezuela, donde su condena a la actuación del Gobierno de Nicolás Maduro ha supuesto un aire de esperanza para la sociedad civil.

A juicio de Macri, en Venezuela no se respeta la democracia 

Durante un encuentro con la prensa en Buenos Aires para desglosar el informe anual que la organización no gubernamental presentó ayer en París, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, apuntó este miércoles que el mandatario se ha convertido en una persona de referencia en la región.

Gómez hizo referencia así a las declaraciones de Macri, que en varias ocasiones ha condenado la violación de derechos humanos por el Gobierno de Maduro, como ocurrió durante una cita con medios españoles la pasada semana en la que pidió que dejen de utilizarse eufemismos con el país porque, a su juicio, allí no se respeta la democracia.

El director de AI Venezuela hizo hincapié en que para que sus declaraciones tengan sentido, el jefe del Ejecutivo argentino tiene que ser un «campeón» de los derechos humanos en su propio país, involucrar a las fuerzas sociales y poner en marcha planes realizables y medibles.

Le pidió medidas concretas, como que logre la liberación de Marcelo Crovato, un argentino-venezolano que, según la organización, fue detenido arbitrariamente en abril de 2014. «Definitivamente así va a poder ser una fuerte voz en la región, una fuerte voz de derechos humanos que requiere Venezuela«, agregó.

Con él coincidió Mariela Belsk, la directora ejecutiva de AI Argentina, quien recriminó a Argentina que se muestra mucho más comprometida con los derechos humanos en los organismos internacionales que domésticamente y vio contradictorio que el mandatario pida la liberación del opositor venezolano Leopoldo López cuando mantiene detenida a la activista Milagro Sala.

Por otro lado, Gómez hizo hincapié en las violaciones de derechos humanos que denuncia el informe anual, como son las detenciones arbitrarias y sistemáticas de activistas y opositores, los juicios a civiles por tribunales militares o la falta de libertad de expresión y los ataques a periodistas.

Asimismo llamó la atención sobre la emergencia económica que viven los venezolanos y para la que, según sus palabras, no se han adoptado medidas inclusivas sino discriminatorias, que favorecen a un sector de la población.




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