(Cortesía)

La oficina de Amnistía Internacional (AI) en Venezuela propuso la creación de una comisión internacional independiente que investigue la situación de los derechos humanos en el país caribeño, dijo a Efe la directora de investigación de la ONG para las Américas, Carolina Jiménez.

“Queremos hacer un llamado para que las Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Derechos Humanos, cree una comisión internacional de investigación en el caso venezolano”, indicó Jiménez.

La activista consideró que el caso venezolano “es urgente” y acotó que este tipo de comisión internacional, integrada por “expertos independientes, imparciales y objetivos”, podría “establecer responsabilidades para que las víctimas puedan acceder a su derecho a la verdad y la reparación”.

Jiménez confirmó que este jueves habrá un encuentro en Caracas de varias ONG con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

“La visita es bienvenida”, después de 15 años de negativa de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de permitir el acceso al país de entes defensores de los DDHH de diversos foros, señaló.

Aplaudió que Bachelet se reúna con las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues es un testimonio que “realmente refleja lo que se está viviendo en el país en esta materia”.

Venezuela vive una de las crisis de derechos humanos más profunda (…) no solo de su historia sino de toda la región”, explicó Jiménez.

“Cuando uno ve la gravedad de las violaciones a derechos fundamentales, lo que nota es que son generalizadas, afectan a una gran parte de la población pero además son de una gran diversidad de derechos”, agregó.

En el cuadro venezolano “hay graves violaciones a los derechos civiles y políticos, violaciones a la libertad de prensa, violaciones al derecho a la vida, pero también en el aspecto económico y social, lo que vemos es grandes afectaciones al derecho a la salud, la alimentación, la educación”.

En opinión de Jiménez, es un escenario donde las violaciones “son masivas, recurrentes y eso, sin duda, dificulta el trabajo de quienes trabajamos en derechos humanos en Venezuela“.

Por otra parte, en lo que respecta a ejecuciones extrajudiciales, AI presentó a mediados de mayo el reporte “Hambre de justicia: Crímenes de lesa humanidad en Venezuela“, el cual recoge información sobre estos delitos cometidos por agentes del Estado.

La conclusión de AI es que estas ejecuciones “no se realizan al azar” y que “más bien cumplen con un patrón bastante sistemático que se repite en diferentes períodos de represión”, como ocurrió en 2014, 2017 y en el primer trimestre de este año.

Jiménez aseguró que la Administración de Nicolás Maduro “está en la mira de los organismos internacionales”, por cuanto estos hechos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, que no prescriben.

“Tiene el Estado venezolano mucho que explicar y mucho que resolver en términos de investigación y prevención de ejecuciones extrajudiciales”, acotó.

El sistema de justicia venezolano, lamentó, no solo se ha vuelto inoperante y sin independencia sino que “cuando es operante lo es para violar derechos humanos”.

Precisó, por ejemplo, que en el marco de las llamadas Operaciones para Liberación del Pueblo (OLP) en 2016 hubo al menos 505 víctimas en zonas de bajos recursos y que al revisar las tasas de homicidios del país, hay un apartado de “resistencia a la autoridad” que suma más de 8.000 personas en un período de tres años.

Explicó que es probable que por el uso excesivo de la fuerza, “los funcionarios pudieron haber cometido ejecuciones extrajudiciales”.

AI, que también registra los casos de personas asesinadas por agentes de seguridad o por grupos civiles armados (los llamados colectivos chavistas) durante las protestas, asegura que en enero, hubo 47 personas fallecidas de las que 39 murieron a manos de agentes de seguridad del Estado.

“Son patrones de violencia sistemática múltiples que se dan con el propósito de acallar voces disidentes o ejercer control social en las zonas populares”, expuso.

Por otra parte, en cuanto a la situación de los considerados presos políticos, que organizaciones como el Foro Penal estiman en cerca de 700 personas, Jiménez destacó que “son víctimas de detenciones arbitrarias”.

Apuntó que en los últimos años, en Venezuela “la privación ilegítima de la libertad se ha convertido en una práctica recurrente para silenciar a las personas que piensan distinto”. EFE




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