Los abogados que representan a un grupo de 26 niños y adultos migrantes venezolanos contra el Estado de Trinidad y Tobago han logrado impedir que las autoridades los repatrien una segunda vez. Al respecto, se pronunció Amnistía Internacional, que indicó al Gobierno de Trinidad que ahora cuenta con una “segunda oportunidad para hacer bien las cosas”.
En una carta abierta dirigida al primer ministro, Keith Rowley, la organización y otras 14 que luchan por los derechos humanos han indicado que el regreso del grupo deportado a Venezuela brinda a las autoridades de Trinidad y Tobago una segunda oportunidad para cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales de brindar protección a las personas que buscan seguridad del peligro.
«Las autoridades ahora deben reunir a los niños devueltos con sus familias sin demora, otorgarles acceso para solicitar asilo, realizar un cribado para determinar si han sido víctimas de trata y brindarles atención médica», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En una conferencia de prensa el martes pasado, el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, pareció sugerir que podrían haber sido víctimas de trata, subrayando la necesidad de que se sometan a pruebas de detección de conformidad con la Ley de Trata de Personas de la nación para identificar posibles víctimas de la trata y para Brindarles protección y reparación, recordó AI.
Young también indicó que los niños estaban siendo retenidos por las autoridades para evitar la propagación de la COVID-19.
La pandemia no es excusa
Pero, según AI, «incluso en medio de la pandemia, muchos países han logrado mantener abierto el acceso al asilo y al mismo tiempo han seguido estrictos protocolos de salud. La pandemia no puede utilizarse como excusa para negar la seguridad a quienes más la necesitan».
A su vez, remarcaron que los venezolanos están huyendo de graves violaciones de derechos humanos que una reciente Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela designada por la ONU ha declarado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
«A medida que la crisis humanitaria de Venezuela continúa empeorando, los gobiernos tienen la obligación de ayudar a quienes buscan protección en el extranjero, incluso en medio de una pandemia», afirmó Aviva Shwayder, oficial de comunicaciones de la organización Refugees International.
«Comenzando con la reunificación de estos niños con sus familias, el gobierno de Trinidad y Tobago puede y debe hacer mejor para las personas desplazadas dentro de sus fronteras», concluyó.
El primer ministro criticó a la comunidad internacional
El jefe de gobierno trinitario, Rowley, criticó este miércoles a la comunidad internacional por la controversia generada dado que la Organización de Estados Americanos (OEA), «bajo su equivocado (secretario general) presidente (Luis) Almagro ha sido casi el único responsable de desencadenar y alimentar la situación venezolana actual».
Opinó además, en una declaración pública, que se le ha declarado la guerra a Trinidad y Tobago por tener la «temeridad de no haberse unido a Elliot Abrams (enviado especial de EE.UU. para Venezuela) y al presidente (de EE.UU., Donald) Trump para forzar un cambio violento del régimen en Venezuela».
«Trinidad y Tobago se encuentra actualmente bajo el último asalto, usando personas sin nombre y sin rostro armadas con niños inocentes para tratar de obligarnos a aceptar» el estatus de ‘refugiado'», agregó.
Además se preguntó cómo se puede esperar que «una pequeña nación insular de 1,3 millones de personas mantenga las fronteras abiertas con un vecino» de «34 millones de personas incluso durante una pandemia». EFE
