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Amnistía Internacional (AI) demandó este lunes la liberación de un funcionario de la ONU secuestrado en Colombia por disidentes de la guerrilla FARC, que firmó un acuerdo con el gobierno para superar medio siglo de conflicto armado.

“Amnistía Internacional urge la inmediata liberación del funcionario de Naciones Unidas Harley López, secuestrado en Barranquillita (Guaviare), en el suroriente del país”, indicó el organismo en un comunicado.

López, de nacionalidad colombiana, fue secuestrado el miércoles pasado por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) horas antes de que el Consejo de Seguridad en pleno de la ONU visitara el país en respaldo al acuerdo de paz.

“Preocupa el silencio del gobierno y de las FARC en relación a este grave incidente y, en general, a la crítica situación de seguridad en el país”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, citada en el texto.

Guevara-Rosas dijo que es “preocupante” que este tipo de hechos ocurran en el marco de la implementación territorial del pacto firmado en noviembre con las FARC, principal y más antigua guerrilla del continente, tras cuatro años de negociaciones en Cuba.

“Los secuestros, desplazamientos colectivos, confinamiento de comunidades, homicidios de personas que defienden los derechos humanos que están viviendo numerosas comunidades en Colombia no debe ocultarse bajo la bandera del acuerdo de paz”, agregó.

Además, pidió al gobierno, a las FARC y a la ONU, que supervisa el desarme de los rebeldes y el cumplimiento del cese al fuego bilateral, que “se pronuncien censurando estos hechos y tomen medidas que garanticen no sólo la liberación del funcionario, sino que prevengan que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir”.

Las autoridades esperaban que el funcionario, que participaba de una reunión con campesinos para promover la sustitución de cultivos de uso ilícito, fuera liberado el jueves, pero hasta el momento no hay información de su paradero.

Tanto el gobierno como la guerrilla rechazaron el plagio de López, quien trabaja para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

Casi 7.000 combatientes de las FARC se agrupan en 26 zonas del país donde a final de mes deberán haber completado el proceso de dejación de armas.

El gobierno calcula que un 6% del total de miembros de la guerrilla no se acogerá al pacto para superar medio siglo de conflicto armado.

Los disidentes, que según ambas partes tienen intereses en el narcotráfico, serán combatidos como bandas criminales, según advirtió el gobierno.




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