Elvis Amoroso, contralor general de la administración de Nicolás Maduro, advirtió este miércoles 30 de junio que aquellos funcionarios públicos que se hayan negado a hacer una declaración jurada de patrimonio mientras ejercieron en la administración pública, no podrán postularse como candidatos para las elecciones del 21 de noviembre.

En un contacto realizado por VTV, Amoroso destacó que las sanciones contra estas personas contemplan inhabilitaciones de al menos 12 meses para ejercer funciones públicas.

También dijo que si se llegara a registrar un incidente al respecto, es responsabilidad de cada uno de los individuos que incurrieron en irregularidades.

“No es una retaliación por parte de la Contraloría General de la República (…) Es que usted se negó a declarar (…) por eso le decimos a todos los altos funcionarios que es una declaración personal y que se puede hacer fácilmente”, aclaró.

Amoroso reiteró que todos los funcionarios públicos están obligados a hacer una declaración jurada, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, los rectores al CNE, ministros, alcaldías, concejales, diputados, directivos o representantes de institutos autónomos, entre otros porque “es una herramienta legal que tiene el Estado venezolano para evitar la corrupción y todos los funcionarios de alto nivel están obligados a hacerla”.

El portal web talcualdigtal.com señala que unos 145.368 funcionarios están obligados a presentar una declaración jurada de patrimonio.

Las declaracionjes de Elvis Amoroso se dan justo cuando el Consejo Nacional Electoral anunció la habilitación de la tarjeta de la MUD y de otros partidos para motivar el voto en las elecciones regionales y municipales, así como otras acciones tomadas desde el Ejecutivo como el anuncio de eliminar los “protectorados” y las excarcelaciones de varios presos políticos.

La web también denota que, esto se produce en un momento donde el CNE está trabajando para la habilitación de líderes políticos opositores para que participen en los comicios, una de las exigencias hechas por la comunidad internacional para observar “pasos tangibles” en el contexto de una eventual negociación que permitan una salida a la crisis del país.




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