La Asamblea Nacional, declaró hoy nulo todo presupuesto que no sea sometido a la aprobación de la Cámara, tal y como dispone la Constitución del país, lo que, en teoría, anula el presupuesto presentado por el Gobierno ante la Asamblea Constituyente el pasado 13 de octubre.
Hace poco más de una semana el Gobierno entregó el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para el año 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pese a que la Carta Magna establece que esta ley debe ser entregada al Parlamento para su aprobación.
Ante esto, el acuerdo aprobado hoy en la plenaria de la Cámara declara nulo todo presupuesto formulado en contravención de las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, al no ser presentado y aprobado por ese órgano.
En ese sentido, los legisladores acordaron que toda erogación con cargo a un presupuesto inexistente, y que viole la Constitución, acarrea la responsabilidad patrimonial del Estado y la individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones.
La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar ante el Parlamento el presupuesto de la nación del año siguiente antes de cada 15 de octubre.
Para la presentación del presupuesto nacional correspondiente al año 2017, y por primera vez, el Gobierno ignoró a la Cámara -a la que acusa de estar en desacato- y recurrió al Tribunal Supremo de Justicia para su aprobación.
El Legislativo calificó esto como un acto inconstitucional y consideró que el Supremo abrió las puertas a una grave e inédita violación de la Constitución.
En esta ocasión, el presupuesto de la nación fue entregado ante la Constituyente, un órgano cuya conformación e instalación ha sido fuertemente criticada por la comunidad internacional y por la oposición, que además la califica de fraudulenta e ilegítima.
En ese sentido, y defendiendo que la aprobación de la Ley de Presupuesto por parte de la Cámara es un requisito esencial de validez, el Parlamento reitera que todo presupuesto aprobado por una vía distinta a la establecida explícitamente, y sin interpretaciones posibles, en la Constitución, es nulo.
