(Foto AFP)
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La Cámara venezolana, de mayoría opositora, hizo este martes un debate en el que analizó las supuestas causas de la crisis política, económica y social del país y para todas encontró responsable a Nicolás Maduro, por lo que pidió que se activen mecanismos que tengan como consecuencia su destitución.

Este debate, que ya había iniciado la oposición en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en octubre pasado, había sido suspendido temporalmente cuando se activó el diálogo político con el Gobierno, conversaciones que se paralizaron a principios de este mes por decisión del antichavismo que exige el cumplimiento de compromisos.

La bancada chavista se negó a participar en el debate de hoy al argumentar que el Parlamento no tiene las facultades de “control político” del presidente y acusó al sector opositor de querer dar un “golpe de Estado” al utilizar “figuras que no existen en la Constitución” para destituir a Maduro de su cargo.

El oficialismo también recordó que el 15 de noviembre pasado el Supremo emitió una sentencia en la que ordena a la AN que se abstenga de “enjuiciar” a Maduro.

Sin embargo y pese al fallo, la AN retomó este procedimiento y terminó el debate de hoy con la aprobación de un acuerdo en el que se declara “la responsabilidad política del presidente de la república por la grave ruptura del orden constitucional y democrático”.

Asimismo, se le responsabiliza por “la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación”.

Con este acuerdo se aprueba acudir al Poder Ciudadano para que intente las acciones dirigidas a hacer efectiva esta responsabilidad y al Ministerio Público para que examine los hechos expuestos y se pronuncie sobre la procedencia de solicitar un “antejuicio de mérito contra el presidente”.

También se decidió acudir a las instancias internacionales “para denunciar las violaciones a derechos humanos (…) en cuya comisión el presidente de la república ha tenido el papel protagónico”.

Los diputados opositores que intervinieron en la plenaria se distribuyeron los argumentos para culpar a Maduro de cada uno de los problemas del país, y mientras Simón Calzadilla aseguró que el mandatario llevó la inflación interanual a 700 por ciento, Enrique Márquez lo acusó de cerrar la vía constitucional para salir de la crisis.

Antes de abandonar el hemiciclo de sesiones, el diputado chavista Pedro Carreño dijo que con este debate contra Maduro “no se logra nada porque no tiene ni carácter vinculante, ni valor probatorio”, al tiempo que subrayó que la Cámara supuestamente está “en desacato”.

Y, tras señalar que el Parlamento opositor “una vez más demuestra que no es serio” y que “no está en consonancia con la legalidad”, anunció que “la bancada de la patria” abandonaría la sesión para “acompañar” a Maduro “en su lucha por lograr la regeneración moral y la redención social de los pobres humildes de la tierra”.

Una vez fuera de la sesión, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, dijo que el Legislativo, de mayoría opositora, busca dar un “golpe de Estado” en su país, al utilizar “figuras que no existen en la Constitución” para destituir a Maduro de su cargo.

Como último orador del debate, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, sentenció: “No nos quede la menor duda que el presidente de la república Nicolás Maduro puede ser declarado en responsabilidad política por esta Cámara y es lo que nos proponemos hacer”.

A esta afirmación le siguió la lectura de las consideraciones por las que se aprueba el acuerdo para responsabilizar a Maduro, entre las que figuran la “grave alteración del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos” y haber “consumado la supresión de la separación de poderes”.

En el texto se denuncia que Maduro ha gobernado desde enero del 2016 “merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución sin la aprobación de la AN” lo que ha “cercenando progresivamente atribuciones parlamentarias”.

Se menciona también que el presidente se ha “facultado a sí mismo” para aprobar contratos con estados o entidades oficiales extranjeras y se le acusa de acudir “sistemáticamente” al Supremo “para impedir con criterios políticos la entrada en vigencia de leyes sancionadas por la AN”.

Además, el acuerdo señala que “se ha acrecentado la persecución política de la cual el presidente de la república es corresponsable” y se suspendió la recogida del apoyo al referendo revocatorio presidencial que la oposición impulsaba desde marzo pasado.




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