La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó este martes un acuerdo en el que se solicita a la Fiscalía el informe sobre las investigaciones que ha iniciado sobre las 29 muertes que se han producido en el marco de las protestas antigubernamentales en las que ha habido represión policial.
En el acuerdo, votado por la mayoría opositora del Parlamento y en ausencia de la bancada chavista, se solicita a la Fiscalía «un informe sobre las investigaciones» de la responsabilidad «de los funcionarios públicos, a que hubiere lugar con motivo de las violaciones a los derechos humanos durante la represión a las manifestaciones».
Las protestas antigubernamentales se iniciaron hace un mes por convocatoria de la oposición y en la mayoría de los casos han sido reprimidas con gases lacrimógenos y perdigones por las estatales Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).
En el documento se considera que «según la información suministrada por el Ministerio Público, el balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante las manifestaciones de abril de 2017 asciende a la cantidad de 29 personas fallecidas».
En el acuerdo aprobado hoy, la AN emplazó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, «a ejercer sus atribuciones constitucionales de velar por la efectiva vigencia de los derechos humanos».
También se pide a todos los poderes públicos a respetar la Constitución y abstenerse de cumplir, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones del presidente de la república que atenten contra la los derechos humanos».
En este documento también se indica que se solicitará al «alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, y reiterar a la solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realicen una visita in situ a Venezuela, con el objeto de constatar y monitorear la situación de violación de los derechos humanos».
La oposición venezolana ha convocado una serie de protestas desde el pasado 1 de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un «golpe de Estado» al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento aunque esta fue revertida poco después.
A esta denuncia se suma la demanda porque se realicen elecciones, se liberen los políticos presos, se respete la autonomía del Parlamento y se abra un canal humanitario para que al país ingresen medicamentos y alimentos.
