Jhoalys Siverio/Correo del Caroní
La reciente aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines genera rechazo y preocupación en las ONG y sus beneficiarios.
Este proyecto de ley contempla que las ONG podrían recibir multas de 12 mil dólares, y verse obligada a violar la confidencialidad de la identidad de sus beneficiarios. Para estas organizaciones, en su mayoría defensoras de derechos humanos, lo que se busca es criminalizar el trabajo de estas.
En entrevista para Correo del Caroní, el coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, señaló que esta Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines responde a una barrera restrictiva por parte del Estado venezolano.
– ¿Cómo califican este nuevo proyecto de ley, ya que no es la primera vez que se denuncian ataques contra las ONG valiéndose de instrumentos legales? Por ejemplo, el año pasado se presentó un “Proyecto de Ley de Cooperación Internacional” parecido a esta ley.
– Esta ley es un intento adicional de cierre de espacios cívicos que busca socavar el trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela, porque son quienes visibilizan el drama que hay relacionado con la grave violación de derechos humanos.
Nuestra posición es contraria a una eventual promulgación de la ley, porque todas las leyes que ha sancionado esta Asamblea Nacional son leyes que se hacen sin las discusiones previas ni los debates propios a la sociedad, conforme al reglamento que establece la promulgación y sanciones de leyes, por lo que no está discutido por gremios y la sociedad civil, sino que está amoldada a los intereses del Estado venezolano.
– Además de la opacidad, porque esta primera discusión se hizo sin la divulgación previa con la sociedad civil, ¿qué otras irregularidades observan en el proyecto de ley?
– Una de las cosas más aberrantes que puede tener esta ley es que atenta contra varias disposiciones constitucionales relacionadas con la libertad de asociación y de expresión, específicamente los artículos 52 y 54 de la Constitución, porque impone un montón de limitaciones y funcionamiento a las organizaciones no gubernamentales.
Una de las cosas que expone es que justamente va a ser el Ejecutivo nacional el que va a supervisar, inspeccionar y sancionar a las organizaciones de derechos humanos que, según el criterio de la ley, incumplan con condiciones para ellos.
El Ejecutivo nacional va a poder implementar mecanismos para el control, que permitan supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos que la ley relacione. Es una situación bastante compleja.
– No solo quienes integran las ONG se ven afectados con este proyecto de ley de aprobarse en segunda discusión y promulgarse. Los beneficiarios también están en incertidumbre porque se expondría su identidad, y hay ONG dedicadas a asesorar legalmente a víctimas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano.
– Uno de los principales principios que tienen las organizaciones humanitarias y de DD HH es la confidencialidad de los beneficiarios o víctimas que representan. Entonces, esta ley en el artículo 14, numeral 7, dice que debemos entregar a la autoridad competente del Estado la documentación e información que sea requerida de forma completa y clara, incluyendo lo que se generará en el futuro como consecuencia de la organización.
O sea, que debemos entregar, en el caso de Defiende Venezuela que representa a personas ante organismos internacionales, básicamente la data que tenemos en cuanto a las víctimas que han denunciado al Estado.
Evidentemente es un riesgo importante para estas personas que confían en las ONG, porque implementan en sus principios la confidencialidad de la información que se les suministra, y evidentemente puede haber represalias por parte del Estado a víctimas de violaciones de DD HH, quienes en muchas circunstancias no hacen sus denuncias a la jurisdicción doméstica porque tienen miedo de ser perseguidos o reprimidos.
Por eso acuden a organizaciones internacionales. Imagínate que ahora el Estado también obtenga esa información, es bien delicado.
– Otras ONG en el país han hecho hincapié en que su organización sí rinde cuentas al Estado venezolano, con declaraciones de ingresos e impuestos, a la vez que rinden cuentas a sus beneficiarios y donantes. En Venezuela, cuando se constituye una organización no gubernamental, ¿cuáles son sus responsabilidades legales en materia de rendición de cuentas?
– Esa pregunta es bien importante porque uno lee el texto de la ley, y da la impresión de que en Venezuela no hay una ley o una norma que regule el funcionamiento de las ONG, y eso es falso.
En Venezuela, las ONG se crean y se constituyen en distintas figuras. Por ejemplo, asociaciones civiles, fundaciones, cualquier fórmula que establezca el Código Civil para la finalidad y el trabajo que desarrolla, y el mismo Código Civil y demás normas nacionales establecen, no solamente la forma en la que se pueden constituir, sino que imponen -al igual que a las empresas y otras organizaciones jurídicas- un rol de hacer declaraciones de impuestos, de tener libros contables, etcétera.
Dentro de las organizaciones civiles venezolanas, todas cumplen con estos trámites de carácter administrativo y contable. Por lo tanto, a través de estas vías regulares, el Estado puede dilucidar si alguna organización o grupo de personas está cometiendo un ilícito de carácter económico, como el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, que son cosas que ellos (Gobierno) suelen decir.
Criminalización
En respuesta a la interrogante anterior, Monsalve reitera que “el punto neurálgico de todo esto es que ellos criminalizan la obtención de financiamiento internacional. Para ellos el financiamiento internacional es que hay países que atentan contra la soberanía del Estado venezolano porque, según, recibir dinero de otras organizaciones que no son venezolanas es un atentado a la soberanía. Eso es falso, el financiamiento internacional es totalmente lícito”.
Al respecto recordó lo que dijo el relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad y reuniones pacíficas y de asociación en el Consejo de DD HH en 2013, sobre que “la capacidad de buscar y conseguir recursos es esencial para la existencia y funcionamiento efectivo de una asociación. La manera de conseguir el financiamiento es parte del desarrollo de la actividad que genera la autonomía e independencia de las ONG, porque si recibimos financiamiento del Estado, la autonomía se verá afectada”.
Monsalve agregó que en países con democracias más robustas, a veces el Estado en cuestión hace un apartado dentro de su presupuesto nacional para que las organizaciones apliquen a financiamiento, y de esta manera puedan obtener financiamientos nacionales pero bajo criterios de independencia y autonomía, ya que no es el Ejecutivo el que administra estos fondos.
En Venezuela esto no existe. El coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela señaló que el Estado, lejos de buscar que las organizaciones crezcan, lo que hace es achicarlas y restringirlas, no solamente a través de barreras legislativas como este nuevo proyecto de ley, sino también con ataques directos contra los defensores, criminalizándolos, persiguiéndolos y cuestionando el trabajo que hacen ante la ausencia de institucionalidad.
