(Cortesía)

La Asamblea Nacional ofreció hoy un espaldarazo a las investigaciones de organismos internacionales contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos fundamentales.

El Parlamento aprobó este martes un acuerdo que respalda «todas las investigaciones, pronunciamientos y acciones que se ejecutan por parte de distintas instituciones y países del mundo en favor de la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano», según el documento suscrito por unanimidad al final del debate.

Respaldan también la solicitud que hicieron los Gobiernos de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá a la Corte Penal Internacional (CPI) para que «agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y proceda luego a solicitar la investigación formal correspondiente».

El Parlamento, declarado en «desacato» por el Supremo en marzo de 2017, señaló además que remitió «de manera oficial» documentación y «elementos de convicción» a la CPI sobre presuntos abusos a los derechos humanos, datos que pueden servir, asegura en el acuerdo, «de sustento a las investigaciones que adelanta» esta institución.

El texto aprobado este martes será remitido al Comité de Derechos Humanos y a la oficina de la nueva alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, así como «a las embajadas de los países que han respaldado las investigaciones».

El Legislativo se comprometió a «continuar trabajando, denunciando y ejecutando diversas acciones por la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos».

El Parlamento recordó en su declaración de hoy que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhortó al Gobierno de Maduro a que acepte ayuda humanitaria para hacer frente a la severa crisis que sacude al país.

«Muchísimos venezolanos han sido y continúan siendo víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por el régimen dictatorial que usurpa hoy el poder en Venezuela», indica el Parlamento, que también pide al Ejecutivo permitir la colaboración internacional para hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas.

El Parlamento rechazó, además, el «patrón» de sistemática «violación a los derechos civiles y democráticos de los venezolanos y de ataque a los medios de comunicación» y acordó que denunciará ante la ONU violaciones a la libertad de expresión.

Igualmente presentará un reporte a entes como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mientras, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano compuesto solo por afectos al chavismo gobernante y que no reconocen varios países del mundo, condenó hoy el informe final sobre el país del antecesor de Bachelet en la Oficina del Alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, porque desconoce «los esfuerzos» del Gobierno para «proteger al pueblo».

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló en un informe, en junio pasado, que los graves y sistemáticos abusos cometidos en Venezuela y la impunidad generalizada en la mayoría de estas violaciones requieren una implicación mayor de la CPI para identificar a los culpables y otorgar Justicia a las víctimas.

La constituyente María Alejandra Díaz dijo hoy que detrás de ese documento «hay una estrategia para criminalizar» al Gobierno de Maduro y «construir en la opinión pública mundial una suerte de justificación» para la intervención del país, una denuncia frecuente del chavismo.

Y el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, aseveró que el rechazo de ese organismo constituye una «protesta formal» y que el país seguirá protestando «por todas las vías» activas. «Ya verán ellos qué responden», agregó. EFE




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