«La Presidencia de la legítima Asamblea Nacional hace un llamado a todas las fuerzas vivas de la sociedad, a la Fuerza Armada Nacional, ONG y demás miembros de la Sociedad Civil, Universidades y Academias Nacionales e individualidades interesadas en el tema, a conformar un frente y causa común por la defensa de la integridad territorial de nuestra nación, dijo en un comunicado.
En el texto, el Legislativo manifestó su rechazo a la decisión de la CIJ y señaló que el laudo es «nulo e irrito».
Además criticó que la corte se declarara competente cuando Venezuela no reconoce su jurisdicción, pues no es signataria de la cláusula consagrada en el artículo 36 del Estatuto de la CIJ, ni forma parte de tratados multilaterales que reconocen la misma, como tampoco lo es la República Cooperativa de Guyana.
El alto tribunal decidió el viernes, por doce votos a cuatro, que tiene jurisdicción para analizar la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión sobre el asentamiento definitivo de la frontera terrestre, dijo el juez presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la lectura pública de la sentencia.
Sin embargo, el Parlamento venezolano defiende que el único instrumento jurídico que promueve una solución práctica y satisfactoria para las partes es el Acuerdo de Ginebra de 1966.
Este acuerdo fue firmado por Reino Unido y Venezuela, justo antes de la independencia de Guyana, y en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) intervino en 2016 y su secretario general, António Guterres, recomendó en 2018 que el que el caso se resolviese en la CIJ, razón por la cual Guyana le pidió al tribunal que se declarase competente.
La zona en disputa abarca un área de casi 160 mil kilómetros cuadrados, lo que supondría unas tres cuartas partes del territorio de Guyana.
La polémica por el territorio se ha agudizado en los últimos años después de que la compañía estadounidense Exxon Mobil descubriera, en 2015, yacimientos de petróleo en las aguas adyacentes a la zona en litigio.
