Los más de quinientos representantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), formada para redactar una nueva Constitución y depurar al Estado, aprobaron hoy por unanimidad su propio funcionamiento por al menos dos años.
El dirigente chavista Diosdado Cabello informó que este cuerpo, integrado únicamente por constituyentes afines al Gobierno, aprobó extender su trabajo durante dos años «siempre y cuando se hayan cumplido las tareas encomendadas, las funciones para las cuales fue nombrada».
Pudiera ser menos, pero no nos vamos a limitar, matizó luego el oficialista, primer vicepresidente del partido de gobierno, en declaraciones a periodistas durante un receso en la primera sesión del órgano, en el Palacio Federal Legislativo de Caracas.
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Cabello remarcó que las decisiones que se produzcan en el seno de la Asamblea Constituyente no deben extrañar a la opinión pública por tratarse de un dictamen emanado por un cuerpo con poderes ilimitados e incuestionables.
Cabello informó que por «aclamación y unanimidad» la ANC aprobó en su primer debate remover de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a quien acusa por la impunidad en el país, y designó en su lugar al defensor del pueblo, Tarek William Saab.
El constituyente Hermánn Escarrá, quien asesoró al presidente Nicolás Maduro para impulsar esta iniciativa, aseguró a Efe en junio pasado que el trabajo de la ANC duraría 12 meses, según estimaciones del Gobierno.
En este sentido, subrayó que las elecciones presidenciales están previstas para diciembre de 2018 y que estas no podrán ser cambiadas de fecha por mandato constitucional.
Escarrá también consideró entonces que una vez instalada la Asamblea su trabajo sería «difícil los primeros días» debido a que deberá funcionar bajo el estatuto que rigió el proceso en 1999 -cuando se sancionó la actual Carta Magna- hasta que surja un nuevo esquema de trabajo.
Las normas de 1999, explicó el jurista, contemplan que la ANC podrá «limitar, decidir, cesar y sustituir» de sus actividades a los titulares de todos los poderes públicos pero, consideró, aplicar este apartado «en una sociedad polarizada como esta podría conflictuar más» el escenario político
