Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

La Constitución nacional vigente ya no le funciona al Gobierno. No está hecha a su medida pese a que la promovieron y defendieron. Ahora es un obstáculo y por eso la violan y se pretende modificarla. Su artículo 63 es claro: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. Pero a eso tampoco se le hará caso. El 30 de julio, en las elecciones convocadas de manera repentina para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ese estamento legal quedará aniquilado. Algunos venezolanos podrán votar hasta dos veces, pero otro grupo solo tendrá la posibilidad de hacerlo una vez.

Esa es la interpretación que surge del nuevo registro que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó en su sitio web el jueves 15 de junio. Al introducir el número de cédula en el sistema aparece que para la elección constituyente hay quienes solo califican para el renglón territorial, y otros están clasificados en sectores de acuerdo a bases de datos que maneja el Gobierno.

Se trata de un registro electoral que al parecer será el definitivo. De ser así se incurre en una ilegalidad. Diego Borges, coordinador electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en Carabobo, explicó que lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) es que antes de cualquier acto comicial se presente un registro preliminar que puede ser impugnado por cualquier persona. “Por ejemplo, si alguien que vive en Valencia aparece como votante en Táchira, puede hacer que modifiquen eso”. En este caso esa posibilidad está negada, y aplica para los sectores que fueron designados arbitrariamente. “Hay quienes solo son pensionados y aparecen como empresarios. Eso es ilógico”.

El artículo 19 del título segundo de la Lopre, dice claramente que el “Registro Electoral es único, y se organiza por estados, municipios, parroquias y centros de votación”, no por sectores. “Eso es una arbitrariedad ajustada a capricho y conveniencia”. El artículo 21 también es contundente: “La inscripción y actualización de la electora o elector en el Registro Electoral, ante los agentes de inscripción y actualización deben efectuarse personalmente”. Es por eso que no hay legalidad alguna en esa modificación de los datos en las que se incluyen sectores.

Pero eso no es todo. Alrededor de 60 días tarda el proceso de actualización, impugnación y auditoría del Registro Electoral. “Es un paso importantísimo en el que todos los partidos políticos y candidatos participan y con su firma electrónica dejan constancia que esa base de datos es confiable”. Esta vez no se hizo.

Borges está preocupado. Para él, se está gestando desde hace meses un gran fraude electoral y constitucional. “No hay normas claras y todo se está haciendo bajo el esquema de la improvisación para obtener los resultados deseados”. Se desconoce si se emplearán captahuellas y tinta indeleble el 30 de julio. Para la fecha aún la instalación de las Juntas Municipales Electorales, al menos en Carabobo, no se ha hecho. Tampoco hay despliegue del Plan República en esos centros, “los tiempos indican que ya eso debe estar listo, y no es así”.

 

 

 

 




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