La agencia de noticia AP informó este jueves, que un exfiscal general venezolano que desafió al presidente Nicolás Maduro al ponerse del lado de sus oponentes, ha sido implicado en un importante caso de corrupción que involucra a un empresario venezolano que esta semana se declaró culpable de pagar US$1.000.0000 en sobornos, según dos personas familiarizadas con el caso.
AP explica que la exfuncionaria Luisa Ortega, no se menciona por su nombre en el caso federal de Miami; pero al declararse silenciosamente culpable el lunes de un solo cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, el empresario Carlos Urbano Fermín admitió haber pagado alrededor de $ 1 millón en sobornos a un fiscal de alto rango en Venezuela, como seguro contra cualquier investigación sobre sus extensos contratos de construcción con el gigante petrolero estatal Pdvsa.
El funcionario venezolano no identificó que es Ortega, dijeron las dos personas familiarizadas con el caso, quienes acordaron dar los detalles solo si no se citan por su nombre, porque se suponía que no debían discutir la investigación, que aún está en curso.
Ortega no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, aclaró AP; aunque el año pasado, cuando Fermín fue acusado, dijo que las acusaciones de soborno fueron provocadas por el arresto de su hermano en Venezuela y fue un intento del gobierno de Maduro de forzar una confesión y empañar su reputación.
Ortega, una admiradora desde hace mucho tiempo del fallecido Hugo Chávez, rompió con el gobierno socialista de Venezuela en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura cuando Maduro destripó la Asamblea Nacional controlada por la oposición y creó una asamblea constitucional paralela para gobernar supremamente.
Por sus opiniones abiertas, fue destituida como fiscal general y huyó rápidamente a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados agudizaron sus ataques contra la corrupción en su país y proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional (PNI) de abusos de derechos humanos presuntamente cometidos por Gobierno de Maduro.
Los aliados del líder opositor Juan Guaidó se unieron en su defensa, llamándola la fiscal principal legítima de Venezuela y buscando aprovechar su deserción para construir una coalición más amplia contra Maduro.
No obstante, nunca pudo sacudirse por completo su reputación de leal que se desempeñó como principal ejecutor judicial de la revolución bolivariana durante una década. Mientras que Estados Unidos siempre se mantuvo a distancia, negándose a concederle su solicitud de viajar a Washington, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press en 2017.
No ayudó que en un discurso de 2015 ante la Asamblea Nacional, Ortega criticara a los “poderosos del norte por sus diseños coloniales”, sobre la riqueza petrolera de Venezuela.
Según una oferta fáctica de tres páginas muy redactada que acompaña a su declaración de culpabilidad, Fermín dijo que entre 2012 y 2016 sus empresas obtuvieron numerosos contratos importantes de tres empresas conjuntas de Pdvsa con compañías petroleras extranjeras, entre ellas China National Petroleum Company, Rosneft de Rusia y Total de Francia. SA.
A principios de 2017, la oficina de Ortega tenía una investigación sobre la adjudicación de los contratos con las empresas conjuntas en el cinturón del Orinoco, ubicadas en la cima de las reservas de crudo más grandes del mundo, según la declaración de Fermín.
Casi al mismo tiempo, fue abordado por un abogado en Venezuela cercano al fiscal de alto rango anónimo, con la promesa de que podría anular cualquier investigación criminal, aseguró Fermín.
Al describirse a sí mismo como una «póliza de seguro», el intermediario «le informó al acusado que tenía la capacidad de prevenir cargos criminales», según el expediente judicial.
Posteriormente, dijo Fermín, transfirió aproximadamente $ 1 millón desde Estados Unidos a cuentas en beneficio del funcionario venezolano anónimo, incluido un pago de $ 100,000 a un banco en el suburbio de Coral Gables en Miami.
El gobierno venezolano nunca presentó cargos contra las empresas de Fermín mientras Ortega era fiscal jefe, aunque su sucesor designado por Maduro, Tarek William Saab, lo hizo poco después de asumir el cargo en 2017, cuando acusó a Fermín y sus dos hermanos, arrestando a uno, describe AP.
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