La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el 2015 aprobó este martes, 24 de mayo vía online, un acuerdo que exige a los poderes del Estado garantizar la igualdad de derechos de la mujer en los temas de salud, educación, empleo, alimentación, vivienda, recreación, cultura, desarrollo económico, como también a la participación en las políticas públicas, con especial atención a los elementos que afectan de manera desproporcionada la vida digna de las mujeres.
En el marco de la celebración de la Cumbre de Mujeres por Venezuela, el Centro para América Latina Adrienne Arsht, a celebrarse este 24 de mayo, en Washington, DC, producida en colaboración con las líderes venezolanas de todos los partidos políticos y de la sociedad civil, para esbozar una hoja de ruta concreta para garantizar la igualdad y representación plena de las mujeres venezolanas en la política.
Se acuerda además respaldar las acciones, vocerías y estrategias que se desarrollen en la Cumbre de Mujeres por Venezuela y promover el liderazgo igualitario de las mujeres en las decisiones políticas del país, siendo la participación de las mujeres un factor decisivo como agentes de cambio y renovación política.
El documento señala además la construcción de una propuesta para el gobierno y políticas públicas con perspectiva de género, con una agenda común acordada con los grupos de incidencia pública nacional, como universidades, gremios, partidos políticos, sociedad civil, entre otros.
Plantean en el acuerdo garantizar desde la Asamblea Nacional el apoyo a los programas, campañas y proyectos, relacionados a la participación, la igualdad de género, lucha contra la discriminación, vulnerabilidad y violencia contra la mujer.
Así mismo, iniciar un proceso de investigación para obtener cifras concretas sobre la participación, incidencia e impacto de los proyectos, programas y campañas relacionados a la participación, la igualdad de género, lucha contra la discriminación, vulnerabilidad y violencia contra la mujer.
Acuerdan también nombrar una Comisión que establezca “mecanismos de consulta con mujeres” para promover un proceso de negociación con diversidad de representación en cuanto a sectores políticos, económicos y sociales, donde se incluya a mujeres en diferentes niveles del Estado.
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